La reestructuración de la deuda de Coahuila con bancos privados puso límites a la cantidad de recursos federales que el Gobierno Estatal puede enviar a los municipios, de acuerdo con uno de los contratos de renegociación.
Según una cláusula en uno de los contratos que el Gobierno de Coahuila firmó con el banco Interacciones, el Estado no puede entregar a los municipios "un porcentaje de participaciones superior al 20 por ciento del Fondo General de Participaciones recibidas por el Estado".
El contrato también señala que el Estado "no podrá entregar u otorgar a sus municipios un porcentaje superior de cualquier fondo al establecido por las leyes aplicables".
La Ley de Coordinación Fiscal fija porcentajes mínimos de las participaciones federales que estados deben entregar a municipios, aunque cada gobierno es libre de aumentar ese porcentaje.
En el caso de Coahuila, la renegociación de la deuda impide que el Gobierno Estatal entregue a los municipios dinero adicional al mínimo establecido en la ley, excepto cuando se trate de "cantidades remanentes".
En el caso del Fondo General de Participaciones, los estados deben transferir al menos 20 por ciento a los municipios y los porcentajes varían en otros fondos federales.
La restricción fue establecida por Interacciones para asegurar el pago del crédito.
Coahuila debe a este banco 17 mil millones de pesos, alrededor de la mitad de la deuda total del Estado.
De acuerdo con el contrato, la restricción a las transferencias se debe acatar excepto si hay cambios a la Ley de Coordinación Fiscal.
Los contratos con los bancos fueron publicados por la Secretaría de Finanzas de Coahuila. En ellos también se establece que la tasa de interés que el Estado debe pagar aumentará medio punto porcentual si baja la calificación de cada uno de los créditos.
Hasta ahora, las calificadoras no han bajado la nota de cada uno de los créditos que tiene Coahuila, sino que sólo bajó la calificación crediticia del Gobierno Estatal.
COMPARECE TITULAR DE FINANZAS
El secretario de Finanzas, Jesús Ochoa Galindo, reveló que compareció ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación por irregularidades en la contratación de créditos que hizo la pasada administración estatal.
Ochoa afirmó que su firma fue falsificada en los documentos para contratar un crédito y dijo que está "librado" de los procesos legales.
El funcionario, que fue nombrado Tesorero del Estado en 2011, dijo que presentó una denuncia en la Fiscalía de Coahuila por la falsificación de su firma. "Me hicieron pruebas grafoscópicas y quedó claro este asunto".
