Llegan a colaborar políticos polémicos
El presidente electo Enrique Peña prefirió a sus viejos conocidos al momento de integrar su equipo de transición.
En ese grupo que fue anunciado ayer por el priista hay exfuncionarios de su Gobierno y de dos mandatarios estatales anteriores. Algunos de ellos han encarnado diversas polémicas.
Uno de los mexiquenses que quedaron incorporados a la coordinación de Diálogo y Seguridad es Luis Felipe Puente, quien fue alcalde de Atizapán de 1994 a 1996 y secretario de Transporte durante el Gobierno de Peña.
A Puente se le ha ubicado como una persona cercana a Pablo Zárate Juárez, quien es investigado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntamente formar parte de una red de lavado del exgobernador de Tamaulipas.
Otro de ellos es Luis Miranda Nava, quien fuera su secretario de Gobierno y que hoy está al frente de la Coordinación Política del equipo de transición.
En su momento, los partidos políticos de Oposición en el Edomex lo acusaron de haber retrasado la instalación de una mesa política para dirimir conflictos locales.
Asimismo, en su calidad de secretario de Gobierno mexiquense, Miranda fue parte del acuerdo entre el PRI y el PAN nacionales, junto a la Secretaría de Gobernación a cargo en ese tiempo de Fernando Gómez Mont, en el que se pactó que los legisladores tricolores apoyaran al Gobierno Federal para sacar la Ley de Ingresos, a cambio de evitar confrontaciones políticas en el Estado de México.
El pacto, que tenía vigencia hasta el 31 de julio de 2011 y pretendía evitar problemas al entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña, se redactó en un documento de tres cuartillas y seis cláusulas que firmaron en las oficinas de la Segob el 30 de octubre de 2009 la entonces lideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes, y como testigos Gómez Mont y Miranda, que fue en representación del entonces mandatario estatal.
Además, en el área del equipo de seguridad en la transición incluyó al más reciente exprocurador de Justicia del Edomex, Alfredo Castillo, quien en su calidad de subprocurador estatal en 2010 dirigió la investigación del Caso Paulette.
Castillo estuvo al frente de la dependencia y fue el encargado de explicar cómo brincó de un quinto piso el violador César Armando Librado Legorreta "El Coqueto", para escapar de la oficina donde lo tenían vigilado antes de entregarlo a un Juez de Control para evaluar si eventual consignación a un penal, lo que finalmente ocurrió después de recapturarlo.
En la coordinación de trabajo para la transición quedó ubicado Alfonso Navarrete, procurador de Justicia en el Gobierno de Arturo Montiel y en el primer tramo de la gestión peñista, puesto desde el cual le tocó exonerar a Montiel por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado.
