Una madre de familia inició una manifestación frente a la alcaldía de Tampico y se puso en huelga de hambre porque asegura que por ser trabajadora de un centro nocturno, el DIF municipal le quitó a sus hijos y le impiden que los vea.
Gabriela García Chávez dijo que ha estado luchando por ver a sus tres hijos que se encuentran al resguardo del DIF-Tampico desde septiembre del año pasado, y no le ha permitido verlos.
La madre de familia se postró frente al Palacio Municipal exigiéndole al gobierno que intervenga, al menos para poder ver a sus tres menores este jueves 10 de Mayo “Día de las Madres”, y para lograrlo inició una huelga de hambre.
“Nomehan resulto nada, metraen deunlado a otro, espero que el 10 de Mayo se apiaden ymedejen ver a mis hijos, yo no quiero ningún festival, lo único que pido de regalo es de regreso a mis hijos que desde septiembre los tiene el DIF, y he estado haciendo huelga de hambre pero no obtengo resultados”, dice.
La madre de familia manifestó que la dependencia del DIF le imputa que no es apta para tener a sus hijos porque trabaja en un centro nocturno y que cuando le quitaron sus niños supuestamente estaba intoxicada.
“El DIF Tampico todo lo ve mal y no puedo llegar a ningún acuerdo con ellos, estoy desesperada, quiero recuperar a mis hijos, ya fue mucho tiempo y no soporto tanto dolor porque no los he visto y no sé nada de ellos, una madre entiende de estos sentimientos”, puntualizó.
Ante este hecho, la directora del DIF Tampico, Lucía Irene Alzaga Madaria, evadió a la prensa y remitió a los reporteros a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, la familia y asuntos jurídicos, Dulce María Rodríguez Valles, quien reconoció que García Chávez es una trabajadora de un bar y no tiene -según el DIFuna estabilidad emocional ni económica.
Agregó que al entregarle a los menores los expondría en una situación de calle, además por trabajar en un bar no tiene un modo de vida, ya que todos sus trabajos han sido en bares y eso no garantiza una mejor vida a los mejores.
RodríguezValles afirmóque el caso está en poder de laAgencia del Ministerio Publico y será el juez penal quien determine la situación legal, ya que no se ha dado resolución el asunto por estar en apelación dicho expediente.
