Los acuerdos se lograron después de ocho días de protestas en el oeste de Panamá. EFE
Indígenas del pueblo Ngäbe Buglé y el gobierno de Panamá lograron hoy un acuerdo para cesar ocho días de protestas e iniciar este miércoles el debate de un proyecto de ley para prohibir las explotaciones y exploraciones mineras e hídricas.
“Creo en Dios de que se cumpla lo pactado aquí en este documento. Voy a firmar, pero espero de que aquí a mañana o en 15 días no estar cerrando calles”, dijo la cacique general Silvia Carrera durante la firma del documento en San Lorenzo, 380 kilómetros al oeste de aquí.
Los indígenas iniciaron hace una semana el cierre de la Vía Interamericana, en el occidente de Panamá, para exigir una ley que prohíba las exploraciones y explotaciones mineras e hidroeléctricas en la comarca Ngäbe Buglé.
El Acuerdo de San Lorenzo Uno fue firmado por Carrera, el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, y diputados de varios partidos. En las negociaciones del pacto, que se prolongaron por más de seis horas, actuó como mediador el obispo de David, José Luis Lacunza.
El diálogo se inició en medio de crecientes protestas organizadas por grupos de obreros de la construcción, trabajadores bananeros –en paro indefinido para apoyar a los indígenas- y estudiantes, que condenaron la represión contra los inconformes.
Al menos un indígena murió y decenas fueron heridos y detenidos en el violento desalojo del domingo pasado por parte de unidades policiales a fin de despejar la Carretera Interamericana, cerrada durante varios días a lo largo de varios kilómetros.
El acuerdo establece la liberación de todos los detenidos durante las protestas, sin formulación de cargos “y devueltos a sus respectivos puntos de base”, además de indemnizar a los familiares del indígena fallecido Jerónimo Rodríguez.
El pacto incluye el cese de la represión contra los indígenas y el retiro de los expedientes iniciados por el Ministerio Público, así como la salida de los agentes antimotines del área de conflicto y el fin de la protesta.
Además se acordó solicitar a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos “reconsiderar en primer debate el proyecto de ley 415 para la incorporación y discusión del artículo 5 del anteproyecto y declarar su tratamiento con urgencia notoria” a partir de mañana.
El gobierno acepta lo relativo a prohibir la minería, pero discrepa respecto a las restricciones de los recursos hídricos.
“Estamos dispuestos a discutir de qué forma se pueden proteger los recursos hídricos siempre y cuando no afecten la seguridad nacional y la seguridad energética de nuestro país”, indicó el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
En las negociaciones para discutir este asunto participará el obispo Lacunza y otros dirigentes como mediadores, así como delegados del gobierno y de la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del pueblo Ngäbe Buglé.
“El pueblo claro me ha dicho que no queremos hidroeléctricas, no queremos minas, porque eso no es desarrollo para la Comarca ni a nivel nacional”, advirtió la cacique general al señalar: “mi pueblo no se va a doblegar hasta no ver la ley especial”.
