Al final es un duelo de intransigencias y abusos de los políticos en el que los ciudadanos somos siempre víctimas.
Los políticos de izquierda están amenazando con detener, o por lo menos hostigar, la ceremonia de inauguración de Enrique Peña Nieto. Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, advirtió este 25 de noviembre que la toma de posesión del presidente "no será un día de campo".
Lo curioso es que Andrés Manuel López Obrador es ahora el moderado. Ha anunciado protestas en los estados y el Ángel de la Independencia, que se vale, pero al parecer no pretende entrar al Palacio Legislativo ni bloquear calles y carreteras. Muchos de sus seguidores, empero, quieren ser más papistas que el papa y están buscando no cómo afectar a Peña Nieto sino a los ciudadanos. Habrá que ver qué hacen el SME y #Yo Soy 132, el 1º de diciembre.
Del otro lado, el Estado Mayor Presidencial ha tomado como rehén toda la zona que circunda al Palacio Legislativo federal. Esto lo ha hecho una semana antes de la toma de posesión. Ha ordenado que se suspendan los servicios de Metro y Metrobús y ha obstaculizado la circulación de vehículos y peatones en las calles circundantes. Soldados mal encarados exigen credencial de elector a quien quiere llegar a casa. A quien no la tiene, se le niega el acceso a su propio hogar. Se afecta así de manera muy importante la vida de quienes viven y trabajan varias cuadras a la redonda.
Georgina Sandoval, de la colonia Lorenzo Boturini, me dice en un mensaje que no hay pasos peatonales. Para comprar tortillas hay que dar una vuelta enorme. "¿Espera ser bien recibido Peña Nieto? Está logrando exactamente lo contrario."
Los políticos están acostumbrados a actuar como si los ciudadanos no existiéramos. Por eso piensan que pueden tomar esas medidas que afectan directamente los derechos de terceros: bloqueos de calles y carreteras, o el sitio que el Estado Mayor Presidencial ha decretado en torno del Palacio Legislativo. Ellos siempre pueden tomar el helicóptero para trasladarse.
Otros son omisos en el cumplimiento de su deber. Ahí está el caso del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que ante los abusos de la sección 22 hacia los ciudadanos ofrece diálogo a los activistas, con lo cual virtualmente asegura que se mantengan los abusos.
Ayer me decía Cué en una entrevista de radio que la ley debe aplicarse a todos, pero que "los maestros, los estudiantes y los normalistas son casos especiales". El problema es que mientras a ellos se les da un trato de privilegio, los ciudadanos comunes y corrientes debemos aceptar que se violen los derechos al libre tránsito o a la educación pública de todos sin que la autoridad se atreva a cumplir la ley y defendernos.
Los políticos -y en esta categoría incluyo no sólo a funcionarios públicos sino también a los líderes de sindicatos como el SME o la sección 22 del SNTE y de organizaciones políticas como el #Yosoy132-- olvidan cada vez más cuál es su papel. Se han acostumbrado a tomar medidas que agravian a los ciudadanos, sin considerar que los afectados tienen también derechos.
El desprestigio de la clase política en nuestro país es producto de una constante acumulación de agravios: calles cerradas, bloqueos de carreteras, cierres de estaciones del Metro, cierres del aeropuerto en espera del avión presidencial, policías corruptos, ministerios públicos ineficientes e indiferentes, desvío de recursos públicos, prepotencia. Los políticos han olvidado que su función es servir a los ciudadanos. Pero una vez que lo olvidan, toda la justificación de su existencia se desvanece.
NEGOCIAR LA LEY
Ochenta personas de la colonia Santa Catarina de Tláhuac bloquearon ayer la carretera México-Puebla en sus dos sentidos para pedir la liberación de unos presuntos secuestradores. ¿Qué hizo la policía capitalina? Realizar cortes a la circulación. ¿Qué hicieron las autoridades de Tláhuac? Mandar una delegación a negociar.
Twitter: @sergiosarmient4
