No sé usted estimado lector, pero mucha gente cree muy poco probable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalide la elección presidencial. Unos porque creen que la impugnación de la izquierda no es los suficientemente sólida como para demostrar que no fue libre y auténtica por la compra masiva de votos a favor de Enrique Peña Nieto, y otros porque de plano creen que la mayoría de los magistrados está a favor del candidato del PRI, lo que es una lástima porque dimensiona el desprestigio en que han caído nuestras instituciones. Pero, la verdad sea dicha, nunca antes había existido una posibilidad tan seria de que los comicios presidenciales sean invalidados. Ni siquiera hace seis años.
En 2006, la impugnación de López Obrador se centró en la denuncia de un fraude en el conteo de los votos. La ley imposibilitaba el recuento, lo que dio sustento a la negativa jurisdicional de hacerlo; no obstante, la presión de miles y miles que participaron en movilizaciones y plantones. En estas expresiones ajenas a la legalidad electoral llevadas incluso al Congreso de la Unión, donde se pretendió impedir que Felipe Calderón rindiera protesta, se concentró la exigencia de anular la elección, pero no resultó.
Seis años después, ya es legal el recuento voto por voto y existen fórmulas alternativas para que el presidente electo rinda protesta, pero la impugnación está centrada en que el PRI y Peña Nieto compraron la elección con dinero de quién sabe dónde. Y los testimonios y documentos probatorios de tal aserto no han dejado de salir a relucir en los últimos días.
AMLO no ha hecho esta vez nada extralegal: ni movilizaciones ni plantones, lo que por un lado molesta mucho a sus adversarios políticos que ya no pueden recurrir al expediente de acusarlo de violento; y, por el otro, lo compromete a acatar (ahora sí, con el fallo oficial del resultado y no antes, aunque se desgarren las vestiduras aquellos que argumentan que un verdadero demócrata debe reconocer su derrota) la decisión del TEPF.
No hay que equivocarse con las mentiras que difunden los paranoicos de la doctrina de la conspiración, pues las movilizaciones y expresiones de repudio a Peña Nieto son de grupos de la sociedad civil y sindicales (como #YoSoy132, el SME, comuneros de Atenco o los maestros de la Coordinadora), no promovidos por izquierdista y su movimiento.
Y mientras esto ocurre, cada vez son más los datos que desvelan una compleja estructura financiera creada para triangular fondos, presumiblemente de dinero ilícito, para la compra masiva de votos.
Por principio de cuentas los monederos electrónicos de la tienda Soriana y banco Monex entregados a operadores políticos del PRI y a gente diversa, la existencia de empresas fantasma con las que el tricolor firmó los contratos respectivos y el vínculo de éstas con personajes muy cercanos a Peña Nieto. Y en ese sentido la hebra parece alcanzar a España, Italia, Israel y EU donde, al parecer, se triangularon 56 millones de dólares que el empresario José Luis Ponce de Aquino, de Frontera Television Network LLP, asegura le debe el PRI por promocionar la imagen del candidato tricolor en EU.
La pregunta sigue siendo de dónde vienen esos fondos. Los denunciantes sugieren por lo menos tres vías: dinero ilícito de la delincuencia organizada, gobiernos del PRI como Yucatán, Veracruz y Zacatecas, y/o empresarios cercanos al candidato presidencial del tricolor. Entre estos últimos destacan algunos que fueron contratistas del Estado de México cuando era gobernado por Peña Nieto. Entre ellos: Armando Hinojosa Cantú, de la constructora HIGA y de la empresa de aviación Eolo, cuyo hijo Juan Armando Hinojosa murió la media noche del sábado al caer en la sierra de Temoaya el helicóptero de su propiedad Agusta 109 que los traía de regreso a la ciudad de México, después de haber asistido a Atlacomulco, a una comida con EPN.
Otro es José Andrés de Oteyza, subsecretario del Patrimonio Nacional en el gobierno de López Portillo, hoy es presidente en México de la transnacional OHL, constructora del Circuito Exterior Mexiquense. De acuerdo con una investigación de la revista Proceso, de OHL es miembro de su consejo de administración Emilio Lozoya Austin, quien fuera coordinador de vinculación internacional en la campaña presidencial tricolor. Todo sigue apuntando en que la concentración del dinero finalmente se hizo en Monex, institución financiera que, hoy se sabe, ya ha tenido investigaciones por lavado de dinero relacionado con el cártel del Valle del Norte de Colombia y con el empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.
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