El costo del desarrollo, entendido éste como el avance hacia mejores niveles de vida, es tema que interesa tener en cuenta ahora que todos emprendemos una nueva etapa sexenal, que alterna el signo político del gobierno.
Las muy comprometidas condiciones económicas y sociales en todo el mundo, han llevado a algunos a pensar en que hay que buscar fórmulas novedosas que resuelvan lo que para muchos estudiosos interpretan como el agotamiento del esquema capitalista, neoliberal, el del respeto a la propiedad privada por encima de los intereses sociales interpretados por el Estado.
La conquista de mejores niveles de vida siempre implicará costos. Ningún avance ha llegado gratis en la historia. Los violentos movimientos populares cobraron sus precios en sangre y libertad. Instaurar un régimen sociopolítico llegado por las armas requiere la sustitución de cuadros enteros de gobierno, medidas drásticas e innúmeros atropellos de derechos individuales.
Otra visión de cambio, ya no revolucionaria, es la que sustituye por la vía democrática el esquema que se rechaza por injusto o ineficiente. El progreso buscado expresará nuevos "paradigmas" con sus criterios propios respecto a ordenamientos y jerarquías, cambios profundos en posiciones y distribución de poder. Las interrogantes de todo ajuste.
Hoy día la pobreza se encuentra extendida por todo el globo en anchas bandas de desigualdad que se ensanchan sin que haya una acción oficial clara o bastante para corregir el mal. La monetización que vivimos estrecha los espacios en que podría funcionar la acción individual o familiar para resolver o siquiera mitigar las agudas carencias. Se han reducido a su mínima expresión las posibilidades prácticas de asistenica y solidaridad social a través de redes familiares que van quedando atrás. Ni en los pueblos más sencillos subsisten en su calor e intensidad hay ayuda a los viejos, enfermos, indigentes o discapacitados. Ni en la responsabilidad más elemental de la sociedad que es la del cuidado y la educación de los niños, hay posibilidad cuando ambos padres deben dejar la casa y salir a trabajar.
La atención se va recargando en el gobierno y sus instituciones sociales y las recetas oficiales se miden en dinero. La monetización es inevitable para que el gobierno pueda realizar sus funciones ahora aumentadas por ausencia de las redes familiares de antaño. Las soluciones de los males sociales se convierten en cálculos financieros y en lenguaje oficial se traducen en impuestos o subsidios.
No hay alternativas si queremos mantener la sociedad en tranquilidad y concordia.
Ante estas realidades los apoyos sociales se hacen indispensables como las pensiones a los desempleados, los subsidios de educación, a ciertos servicios o gastos como alimentos, o energéticos, servicios de salud. Hasta entregas directas de dinero en efectivo son muy defendibles si se dan a las jefas de familia. Estas medidas vienen a sustituir las que eran los apoyos tradicionales gratuitos proporcionados en el esquema de solidaridad familiar.
Ninguno de los movimientos revolucionarios puede evitar estas consecuencias económicas. En el establecimiento de un régimen de corte socialista donde el gobierno está llamado a satisfacer prácticamente todas las necesidades individuales o familiares, cada ciudadano es objeto de muchas restricciones a su vida cotidiana salvo, la historia siempre lo ha exhibido, los de la élite gobernante.
Pueden buscarse nuevas formas de estructuras económicas, pero la solución estará siempre en dotar a los gobiernos de mayores recursos para que puedan atender los programas sociales en vigor y los que se añadan.
En los modelos socialistas el gobierno decidirá y determinará el uso de los recursos humanos y materiales que obtenga o reclute. El modelo que respeta en todas sus facetas el principio de la propiedad privada también requiere ingresos. En cualquier caso el gobierno siempre recurrirá al ciudadano requiriendo su contribución misma que, entregada, puede o no quedar bajo su control.
El dilema del ciudadano moderno está entre someterse a las tareas y sacrificios que le imponga una autoridad emanada de una convulsión social o asumir como suyas las obligaciones que de común acuerdo resulten de su gobierno democráticamente electo. Los sacrificios económicos podrían acabar siendo comparables, pero es preferible el camino de la democracia que ofrece más posibilidades para controlar el comportamiento de la autoridad que la opción contraria.
Ahora que iniciamos un nuevo gobierno que tendrá que pedir sacrificios fiscales y colaboración ciudadana para poder enfrentar los retos de los tiempos, hay que reflexionar que es mucho mejor poder decidir nosotros mismos, vía canales democráticos, la intensidad de nuestra contribución al progreso nacional.
No debe faltar nuestra firme exigencia de moralidad a los gobernantes para que ejerzan su autoridad con ética, la misma firmeza con la que nosotros mismos tenemos que actuar para que el sistema de libertades funcione.
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