Tres generales y un teniente coronel han sido arraigados por la PGR por supuestos vínculos con el narcotráfico. Uno de ellos, Tomás Ángeles, fue subsecretario de Defensa y durante algún tiempo candidato a ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa.
Como es costumbre en México, estos militares han sido detenidos sin que se designe como tal su situación jurídica. Están recluidos en una cárcel que tiene otro nombre. La figura del arraigo sirve para detener a sospechosos haciendo caso omiso de los derechos que la Constitución otorga a quienes se encuentran bajo proceso judicial. La Suprema Corte hace años determinó que el arraigo era inconstitucional, pero los políticos simplemente cambiaron la Constitución para mantener la práctica.
Dice la autoridad que lleva años investigando la posible colusión de estos militares con el narco, pero entonces no se explica por qué, en vez de consignarlos con pruebas ante un juez, se les arraiga. Una vez más queda claro que en México se detiene para investigar y no se investiga para detener.
El general Ángeles ha hecho públicas algunas críticas acerca de la estrategia de lucha contra el narcotráfico. La PGR niega que ésta sea la razón por la cual se ha procedido en su contra. Ante la falta de otras pruebas, sin embargo, es difícil evitar el escepticismo. Usualmente cuando la autoridad detiene a un narcotraficante presenta las confesiones o las pruebas con bombo y platillo.
El presidente Felipe Calderón ha sentido la necesidad de declarar que no está persiguiendo al Ejército. En Barbados dijo este 21 de junio: "Mi gobierno reconoce el esfuerzo y la patriótica tarea que han venido desempeñando las fuerzas armadas y en particular el Ejército mexicano." Pero añadió que "no tolerará actos contrarios a la ley vengan de donde vengan."
Nadie duda que debe procesarse a militares que violen la ley. Pero lo que se conoce hasta ahora del caso contra estos altos mandos dista de ser convincente. Al parecer un testigo colaborador, identificado como Jennifer, quien en realidad es un expolicía de Querétaro de nombre Roberto López Nájera, ha presentado testimonios en contra de ellos. Él ha sido también testigo clave en otros procesos contra altos funcionarios, como el del subprocurador de la SIEDO Noé Ramírez Mandujano. El testigo vive ahora en los Estados Unidos bajo protección de la DEA.
La experiencia, sin embargo, nos enseña a desconfiar de los testigos protegidos, quienes tienen un incentivo muy poderoso para mentir. Sus testimonios pueden ser importantes para iniciar una investigación, pero requieren de hechos probatorios adicionales para ser confiables. Esto es particularmente cierto en los testimonios de oídas que la PGR acepta en casos de narcotráfico. Los resultados los vemos en el fracaso de las acusaciones contra Greg Sánchez o contra los políticos detenidos en el michoacanazo.
Quisiera dar el beneficio de la duda a las autoridades, creer que hay algo más en la acusación que un testimonio de oídas de un testigo con incentivos para mentir. Sin embargo, por lo menos en el caso del general Ángeles, no se ve por ningún lado que goce de una situación económica diferente a la que podríamos esperar de su rango y su carrera. Y como dice la sabiduría popular: "El dinero y el amor son dos cosas que no se pueden ocultar."
El presidente Calderón preguntaba este 22 de mayo a sus posibles sucesores: "¿Van a seguir luchando contra los criminales o no?" Absurdo sería decir que no. La gran pregunta, sin embargo, es si aquellos que están siendo detenidos son realmente responsables de los crímenes de los que se les acusa.
YARRINGTON
Dos fiscales de Estados Unidos han presentado demandas civiles para incautar propiedades supuestamente de Tomás Yarrington. El exgobernador de Tamaulipas dice que no son suyas. Habrá que ver quién las defiende y con qué argumentos y pruebas de propiedad.
Twitter: @sergiosarmient4
