Aproximadamente el 80% de la población ejerció su voto libre y secreto; decidieron por voluntad propia otorgárselo al candidato de su preferencia, por las razones que cada uno eligió (así hayan sido las más insignificantes y superficiales) pero sin ningún tipo de condicionamiento externo, sea la compara, la coacción o ambos; pero de acuerdo a los resultados electorales que hoy conocemos, donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 6.8 puntos porcentuales y entre el segundo y el tercero de 6.3, de tal manera que entre los tres primeros lugares la diferencia es de 13.1 puntos, ese 20% que votó obligado fue el que decidió el ganador y el orden de los candidatos.
De acuerdo con una encuesta postelectoral que levantamos en EGAP Gobierno y Política Pública, del Tecnológico de Monterrey, el 14.3% de los ciudadanos y ciudadanas que acudieron a votar señalan que alguien les ofreció dinero, regalos o servicios a cambio de que votara por un determinado candidato; cuando se hace la misma pregunta pero con la variante de si lo presionaron para obligarlo a votar, el porcentaje que responde afirmativamente es el 5.1%, así que la sumatoria de ambos nos lleva a un 19.4%, es decir, casi la quinta parte de la población.
Entre las razones por las que estas prácticas tienen éxito es porque casi la mitad de la población piensa que su voto no es secreto, es decir, que hay forma de enterarse por quien votaron y eso los hace vulnerables a la compra y coacción. Casi el 13% piensa que los partidos políticos pueden saber por quien votaron, aun cuando ellos no se los digan, es decir, estos serían adicionales a los que estuvieron de acuerdo en mostrar por quien votaron, sea con una foto en su celular o mostrando abiertamente su boleta, antes de introducirla en la urna; un 6%, cree que son los gobernantes los que pueden hacerlo; y un 28%, que son las autoridades electorales.
Por otra parte, las lagunas legales permiten que la compra y coacción del voto y rebasar el tope de gastos de campaña o recibir financiamiento privado por encima de los límites previstos en la ley, no tengan absolutamente ninguna consecuencia sobre el resultado electoral. Los dos primeros (la compra y coacción del voto) pueden ser perseguidos como delitos penales (aunque hasta hoy nadie ha sido sancionado por ello), pero no afectan el resultado de la elección. Los segundos, pueden ser sancionados como faltas administrativas por la autoridad electoral, pero tampoco tienen consecuencias sobre el resultado electoral.
Candidatos y partidos políticos saben que pueden recurrir a este tipo de prácticas, pues lo peor que les puede ocurrir es que encierren (lo cual hasta hoy no ha ocurrido) a alguno de sus operadores o que les impongan (a ellos o a los partidos políticos o coaliciones) una sanción económica, pero ellos mantendrán su triunfo electoral y, por ende, gobernarán.
Esa fue precisamente la razón por la cual Vicente Fox y Francisco Labastida, no tuvieron ningún empacho en violar la normatividad electoral en la elección presidencial del 2000, pues si bien la autoridad electoral sancionó a sus respectivos partidos con cuantiosas multas por los casos "Amigos de Fox" y "Pemexgate", el primero ejerció sus 6 años como presidente y el segundo pudo regresar tranquilamente como senador de la República.
En el proyecto de reforma electoral del 2007-2008 se incluía como causal de anulación de una elección el rebasar los topes de gastos de campaña, sin embargo, en el Senado de la República, con la oposición de los legisladores perredistas, se eliminó dicha norma, para evitar que ahora pudiera invocarse para anular la elección presidencial.
Así percepciones ciudadanas y disposiciones legales se conjugan para permitir esta forma de fraude electoral, pues es evidente que se burla la voluntad popular, sin duda expresada por la inmensa mayoría de la ciudadanía mexicana, pero imposible de identificar al quedar inmersa en ese otro 20% que sucumbió frente a las interferencias externas.
Hoy, como nunca, en la historia electoral mexicana abundan las evidencias de estas formas de manipulación. No se puede afirmar que hoy hayan sido más que antes, lo que sí es cierto es que hoy son más sofisticadas (ahora utilizan las nuevas tecnologías a través de los monederos electrónicos), pero también hoy son más visibles por dos razones: una, al ingresar al sistema financiero, dejan rastro que permite identificar montos y actores; y dos, las nuevas tecnologías convierten a cada mexicano con un teléfono celular (aproximadamente el 80% de los ciudadanos) en un vigilante, que además puede rápidamente difundir las evidencias.
Efectivamente hoy es un hecho que, en las urnas, Enrique Peña Nieto tiene más boletas marcadas a su favor que sus opositores, pero hay demasiadas evidencias de cómo consiguió un porcentaje importante de dichos votos (por supuesto que no todos, ni siquiera la mayoría, pero probablemente sí un número que se torna decisivo en una elección cerrada y competida).
De acuerdo a la misma encuesta, la tercera parte de la población (33.4%) considera que hubo fraude electoral y la sexta (15.8%), considera que las elecciones fueron inequitativas, así sólo la mitad de la población considera que las elecciones fueron limpias y equitativas.
Otra vez las elecciones presidenciales evidenciaron las debilidades de una endeble e incipiente democracia electoral, si la podemos llamar así aun cuando no sea posible identificar si el resultado corresponde a la voluntad libre y soberana de la ciudadanía o a las acciones de compra y coacción del voto.