Finalmente apareció una luz en el túnel que representa el pleito entre la firma alemana CHG Meridian Deutsche Computer Leasing y sus socios mexicanos en la empresa de arrendamiento financiero CHG-El Camino, al terciar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de pasadita el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual en el asunto. Ayer en el auditorio de Nacional Financiera se realizó una asamblea de acreedores de la empresa, es decir, bancos y tenedores de papeles de deuda, además, naturalmente, de los socios, en la que se nombró un interventor de la compañía.
La tarea de éste será poner en orden las cuentas, reactivar la marcha de la firma y garantizar el servicio a la clientela, en la mira de evitar la quiebra y con ella la posibilidad de pagar un débito calculado en 800 millones de dólares.
Los principales clientes de la empresa creada en 1993 con especialidad en arrendamiento de flotas, son la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool; los grupos industriales Bimbo y Modelo, además de la promotora de vivienda Geo.
En paralelo, la semana pasada el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizó un cateo en la firma paralela privada creada por los alemanes como tienda de enfrente a CGH-El Camino, incautándole equipos cibernéticos bajo el cargo de utilizar el software de la compañía en litigio. En la cumbre del atropello, la compañía que había surgido tras el saqueo de los equipos instalados en su sede a pretexto de que los socios mexicanos habían intentado tomarla, se le colocó la razón social CGH-El Camino Arrendamiento.
Naturalmente, la idea era quedarse con la clientela vía una campaña de desprestigio contra el principal socio mexicano, Lázaro David López García. En abundancia, la intervención de la autoridad en el escándalo permitió poner en marcha el mecanismo previsto hace tres años a la llegada de la empresa alemana a la sociedad en caso de disputas irreconciliables.
Estamos hablando de un esquema vía el cual las partes alcanzan un arreglo en un lapso no mayor de tres meses, adquiriendo una las acciones de la otra.
El procedimiento, conocido en el curioso argot de los negocios como "deadlock" se inicia con un periodo de 15 días para reconocer que las diferencias son irreconciliables. Otro de 30 para intentar la reconciliación vía una mediación mercantil, y otro de 20 días para presentar una oferta en sobre cerrado ante un notario previamente designado. La ganadora será, naturalmente, la más alta.
A partir de ahí se penalizará a la contraparte que incumpla con el pago de las acciones a una tasa equivalente a 1% diario sobre el precio acordado. La mediadora en el esquema es la firma Jeanne Mconnell.
El problema, naturalmente, es que al paso de las semanas de un conflicto que se inició a finales del año pasado, tras levantar los alemanes una oferta inicial de compra de la parte mexicana del capital, el valor de la compañía que acapara 20% del mercado de arrendamiento en el país se ha ido deteriorando.
De entrada, la filial en Brasil que se había colocado como punta de lanza para la incursión de los germanos en el mercado sudamericano, no está funcionando.
Más allá, la calificadora de deuda de los Estados Unidos Standard & Poor's, que le había dado a la compañía una calidad crediticia de doble A con implicaciones positivas, la ha reducido a la categoría D con implicaciones negativas. La joya de la corona en materia de arrendamiento en el país, tras el desprestigio de las firmas del ramo provocado por la fiesta de recursos sin reglas ni sustento a que las convocó Nacional Financiera en la etapa en que su director general se llamaba Óscar Espinosa Villarreal, reducida a la mediocridad.
Qué importa si en el camino, en afán de evitar un default que lesionara más gravemente a la firma, su accionista principal redimió con sus recursos personales una emisión de Obligaciones Quirografarias, es decir sin garantías específicas al calce, por 46 millones de pesos. Lo grave del caso es, que con el propósito de liquidar las diferencias, éste ha aceptado hasta tres ofertas de los alemanes, cada una de ellas a precio más reducido… que luego han levantado de la mesa. El responsable del embrollo se llama Jürgen Mossakowski, quien funge como presidente mundial de la compañía CHG Meridian Deutsche Computer Leasing, pese a tener sólo una parte mínima de las acciones. Los propietarios de ésta no han dado la cara. El alemán se ha jactado en correos electrónicos enviados a Lázaro David López García, de que el poderío teutón se impondrá sobre la débil justicia mexicana. En varias ocasiones se ha referido a "los mexicanitos".
El problema es que más allá de los socios mexicanos, en el centro del conflicto están 12 bancos con los que la firma ha firmado contratos de arrendamiento, entre ellos Scotiabank, Santander, Multiva, HSBC Y GE Capital.
La fórmula es simple: Erosionar una empresa para comprarla en centavos.
En una resolución que alcanzó la unanimidad del pleno, la Comisión Federal de Competencia rechazó un recurso de reconsideración colocado en la mesa por Telcel frente a otro previo que lo declaraba agente dominante en la terminación de llamadas en redes móviles.
La ratificación coloca a la firma en opción de aplicársele una regulación asimétrica, es decir, reglas distintas al resto de los competidores.
El escenario lo prevé el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Los comisionados, sin embargo, sí aceptaron un recurso de reconsideración planteado por la empresa Telefónica México, léase Movistar, y Iusacell frente a una declaratoria similar, concluyendo que no hay elementos para considerarlas dominantes, y tampoco tienen el poder de negociación de Telcel.
La resolución, en el caso de la Telefónica, se tomó por mayoría de tres a dos, en tanto para Iusacell fue de cuatro a uno. El voto contrario fue del presidente del organismo, Eduardo Pérez Motta.
PERDIÓ BIG COLA
Colocada sobre la base de una resolución de la Comisión Federal de Competencia que le daba la razón en una demanda contra las embotelladoras de Coca Cola en México por prácticas de desplazamiento indebido de la competencia, la firma Ajemex, fabricante de Big Cola perdió, finalmente, una demanda en la que exigía una indemnización a las agraviantes.
La suma solicitada, en calidad de pago de daños y perjuicios, era de mil 600 millones de pesos. La perdedora deberá cubrir ahora los gastos y costas del juicio.
Como recordará usted, la CFC le impuso una multa a las embotelladoras, que en conjunto alcanzaba 15 millones 550 mil pesos, con la novedad de que éstas han logrado hasta hoy detener el pago a base de artilugios legales.
Las dádivas de Coca Cola a los pequeños y medianos comercios le cerraban la posibilidad de colocar su producto a Ajemex.
