Alarmante. Yunuhen Lagunes Huerta, directora de Cimac, Lydia Cacho Ribeiro y Anabel Hernández, al presentar el primer Informe Diagnóstico de Violencia en contra de Mujeres Periodistas, México 2010-2011.
En los últimos nueve años las agresiones en contra de mujeres periodistas creció de forma "alarmante" al sumar en total 94 periodistas agredidas y 10 asesinadas, luego de denunciar actos de corrupción, trata de personas, explotación sexual infantil, narcotráfico, movimientos sociales, derechos humanos y feminicidios, entre otros, reportó el primer Informe Diagnóstico de Violencia en contra de Mujeres Periodistas, México 2010- 2011.
Lucía Lagunes Huerta, coordinadora general de la organización Comunicación e Información de la mujer (Cimac), señaló que en particular entre el año 2009 y 2011 la violencia por la que fueron blanco las mujeres que ejercieron el periodismo se incrementó.
En el año 2010 los agresores fueron en su mayoría funcionarios (34%), policías (16 %), integrantes de movimientos sociales y crimen organizado (8%), escoltas y civiles (5%), integrantes de partidos políticos (3%) y en 18% de los casos no se pudo especificar claramente el autor intelectual.
Para 2011 las agresiones provenientes de funcionarios se incrementaron a 50% de los casos, mientras que el crimen organizado y policías sumaron 15% de los casos.
Advirtió que en México se debe impedir que la violencia se normalice en contra las mujeres periodistas, "no es normal, no es natural que vivamos violencia, es un delito y el Estad tiene que protegernos".
Pidió a los representantes de los gobiernos "dejar de simular" y establecer mecanismos reales de protección a periodistas con la presencia de personal capacitado.
El documento que se presentó, principalmente ante mujeres que ejercen ese oficio, demandó de manera "urgente" que el Estado tome medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las y los periodistas "ante el actual clima de impunidad y corrupción generalizado en el país".
Durante la ceremonia, que se efectuó en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, la periodista Lydia Cacho Ribeiro, anunció su regreso a México, tras las amenazas que la hicieron abandonar el país por un par de meses. Ella se pronunció por un federalismo efectivo para el seguimiento de agresiones a quienes ejercen esa profesión debido a que quienes radican en los estados enfrentan dificultades para acudir de manera directa a instancias como la Procuraduría General de la República para realizar y ratificar sus denuncias.
Al igual que ella otras mujeres que han recibido amenazas, fueron violentadas o tuvieron que abandonar el país relataron en persona o a través de un video las circunstancias en que han desempeñado su labor.
Lucía Lagunes, dijo que en el año 2010 las entidades más peligrosas para que ellas ejercieran su libertad de expresión fueron Chihuahua, Jalisco y Oaxaca; pero para un año más tarde Oaxaca se mantuvo en el primer sitio y aparecieron también el Distrito Federal, Tamaulipas y Quintana Roo.
Yanuhuen Rangel Medina el área de redes de periodistas y libertad de expresión de Cimac, dijo antes en entrevista que tras el estudio realizado desde el año 2002 y hasta el 2011 se pudo identificar que mientras los hombres periodistas fueron asignados a cubrir temas del narcotráfico y la violencia, por una cuestión de género, "ellas se quedaron en las redacciones a reportar lo que sucedía en la comunidad y fue corrupción, principalmente, los que las llevaron a ser acosadas, agredidas e incluso asesinadas.
"Implica no sólo un atentado a sus derechos humanos, a la libre expresión, con impacto a la sociedad. Es catastrófico, lo que ocurre porque también inhibe el ejercicio periodístico e impacta en que la sociedad no esté informada".
Por su parte, Cacho señaló que la federalización de los delitos funcionará sólo si va acompañada del apoyo económico que las víctimas requieren para continuar con el proceso judicial.
