Durante el sexenio de Felipe Calderón fueron ejecutadas 21 personas en promedio cada día en el país.
De acuerdo con informes de una agencia editorial, 47 mil 253 personas murieron en hechos relacionados con el crimen organizado.
En cinco estados del país, se registró el 60 por ciento de las ejecuciones.
Chihuahua con 10 mil 057 ejecuciones, Sinaloa con 6 mil 322, Guerrero con 4 mil 641, Nuevo León con 3 mil 875 y Durango con 3 mil 262, fueron las entidades que encabezaron la lista.
Asimismo, por lo menos un elemento policiaco de las diferentes corporaciones federales, estatales o municipales, fue ejecutado cada día. En total 2 mi 981 policías y 251 militares murieron en la llamada guerra contra los cárteles de las drogas de la Administración de Felipe Calderón.
Del total de ejecutados, 4 mil 645 personas fueron torturadas, mil 892 fueron decapitadas y 3 mil 268 fueron hallados con un mensaje relacionado con el crimen organizado.
Para los especialistas Carlos Mendoza y Eduardo Guerrero, la implementación de una estrategia equivocada para combatir al crimen organizado fue uno de los factores determinantes que generaron las escalada de violencia que se registró durante la Administración de Calderón.
Mendoza, quien es catedrático en la UNAM y especialista en temas de seguridad pública, señaló que las acciones del Gobierno para enfrentar a los cárteles de la droga carecieron desde el inicio de un diagnóstico y planeación estratégica, por lo que privilegiaron únicamente la confrontación armada.
"Lo único que hacían era multiplicar el número de efectivos en las ciudades y detener a diestra y siniestra a presuntos delincuentes. Se enfrentaban en las calles sin mayor planeación que la cobertura en las propias calles. Estos dos factores creo que originaron la multiplicación de enfrentamientos y por lo tanto de ejecuciones", señaló.
La estrategia de detener a capos y otros líderes de las organizaciones criminales, consideró Eduardo Guerrero, socio de Lantia Consultores, provocó el efecto contrario de lo que deseaban las autoridades, pues en lugar de minar la capacidad de los grupos delictivos, desperdigó a sus integrantes y los hizo más violentos al no estar disciplinados por un mando y disputar con quienes habían sido sus pares el control de las actividades delictivas.
"Yo he dicho que la acción del Gobierno es una variable fundamental para explicar la violencia por el asunto de sus detenciones y abatimientos, el descabezamiento de los cárteles, te genera el problema no solamente de división interna y de la lucha de la sucesión, ese es un asunto, pero no es el más importante.
"El problema es que cuando repetidamente estás arrestando o abatiendo capos se cambian las expectativas de los mandos medios de los cárteles, empieza a haber problemas de la distribución de las ganancias al interior del cártel y comienza un desorden", explicó.
De acuerdo con la tendencia histórica que venían registrando los homicidios intencionales, indicó Mendoza, en 2007, el primero año de la administración del presidente Calderón, se registró el nivel más bajo de las dos últimas décadas, por lo que la lucha contra el crimen organizado que inició apenas llegó al poder, puede entenderse mejor si en ella se ve un interés por legitimar su mandato.
"Hipótesis hay varias, yo creo que una tiene que ver con la búsqueda de legitimidad después de un proceso electoral muy cuestionado, que desde mi punto de vista no había lugar a recurrir a esta alternativa, puesto que las instituciones electorales habían tomado ya una decisión y si algo debe caracterizar a un Estado es el cumplimiento de las disposiciones de sus instituciones. Este creo que fue el primer factor".
"El segundo, es que pudo haber sido influido por quienes encabezaban las instituciones de seguridad y que en la argumentación, incluso también a mediados del sexenio, quisieron generar una narrativa en el sentido de que el Estado Mexicano había perdido parte del territorio a manos de los criminales", indicó.
