Eligio Ibarra Amador, un empresario dedicado a la venta de autos usados que en septiembre pasado denunció a 10 policías federales por secuestro y extorsión, fue asesinado en el interior de su vivienda horas antes de acudir a un juzgado federal a ratificar sus declaraciones, confirmaron la Fiscalía General del Estado y el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson.
Si bien su testimonio no era la única evidencia en el caso, con su muerte el expediente se debilita mucho, e incluso algunas pruebas podrían dejar de aportarse u otros testigos ya tampoco se presentarán a declarar por miedo, sostuvo De la Rosa, quien funge como comisionado para denuncias de abusos del Ejército y la Policía Federal en la frontera.
Ibarra, de 62 años, fue encontrado muerto en su domicilio de la colonia Margaritas, donde fue atacado a cuchilladas y su cuerpo quemado.
De la Rosa resaltó que Ibarra ya no vivía en Juárez, pues huyó junto a su familia, y había regresado sólo para asistir a los juzgados a revisar los avances y ratificar su testimonio.
"Cuando se inicia una lucha contra las mafias la respuesta son este tipo de medidas que ellos aplican: acallan a los testigos por medio del terror, de los asesinatos, entonces se debilitan los juicios", agregó De la Rosa.
EL CASO El 17 de septiembre de 2011, el hombre denunció que fue golpeado, torturado y obligado a entregar 3 mil dólares para no ser acusado por policías federales del delito de posesión de drogas y armas. Narró que los policías arribaron a su vivienda, lo esposaron, le taparon la cabeza y se lo llevaron a distintos lugares.
Los policías lo liberaron cuando accedió a entregarles el dinero. Sin embargo, antes de reunirse con ellos interpuso una denuncia ante el Ministerio Público federal, y fuerzas especiales capturaron a los 10 agentes. El 27 de septiembre de 2011 se dictó la formal prisión a los policías.
La agente del MP federal Elizabeth Herrera, que consignó a los policías, aseguró en esas fechas que recibió amenazas por el delegado de la PGR en la entidad, Augusto Peniche.
Dijo que como represalia a la consignación, Peniche le dijo que la trasladaría a Veracruz y que de no aceptar, iniciaría averiguaciones en su contra. La procuradora general de la República, Marisela Morales, abrió una investigación y anuló el cambio de plaza.
De la Rosa sostuvo que la autoridad tenía la obligación de proteger a Ibarra. "La protección debió darse para que no lo dañaran ni los acusados, ni la delincuencia común, a un testigo de esta naturaleza se le debe cuidar de forma permanente", dijo el ombudsman.
La PGR en Chihuahua dijo que no podía brindar información relativa a si Ibarra contaba o no con seguridad en su calidad de testigo; según el departamento de comunicación de la delegación la protección a victimas o testigos es un tema confidencial.
Sin embargo, fuentes de la corporación revelaron extraoficialmente que Eligio había rechazado la escolta que se le ofreció, pues desconfiaba de cualquier elemento policiaco.
La Fiscalía General de Chihuahua dijo que aún no tiene un móvil del asesinato. Carlos González, vocero de la corporación estatal, dijo que la dependencia integra la averiguación.
Datos del homicidios
⇒ El empresario de 62 años, fue encontrado muerto en su domicilio, donde fue atacado a cuchilladas y quemado.
⇒ Si bien su testimonio no era la única evidencia en el caso, con su muerte el expediente se debilita, e incluso algunas pruebas podrían dejar de aportarse u otros testigos tampoco se presentarán a declarar por miedo.