No sorprende que los partidos de izquierda, muchos de cuyos miembros se abstuvieron de votar la reforma laboral en la Cámara de Diputados, ahora se muestren entusiasmados por votar en el Senado en alianza con el PAN. El propósito ostensible es reintroducir los temas de democracia sindical y rendición de cuentas; el real, matar la reforma.
Los líderes de los sindicatos del PRI han amenazado que, si se reincorporan estos temas a la iniciativa, ellos buscarán hacer modificaciones en otros, como el outsourcing, la subcontratación. Si la iniciativa es modificada en el Senado, perderá al regresar a la Cámara de Diputados el carácter de preferente que le evitaba la congelación. Más que la democracia interna o la rendición de cuentas, la modificación de la iniciativa busca detener o castrar la reforma laboral.
Si los panistas realmente quieren la reforma, deberían mantener el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. Esto aseguraría la promulgación de la mayor parte de la reforma. No habría posibilidad de emascularla o congelarla.
Las reformas que amplíen la democracia interna y la rendición de cuentas se pueden hacer más adelante. Es probable, de hecho, que obliguen a hacer cambios a la Constitución, los cuales requerirán de acuerdos amplios entre los partidos. Pero lo importante es no sacrificar los elementos de la reforma que harían más competitiva la economía nacional.
Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), afirma que la sola certeza sobre los montos que una empresa debe pagar en salarios caídos es suficiente para apoyar la ley laboral como ésta. La incertidumbre sobre el costo de un despido que llegue a los tribunales es uno de los mayores obstáculos a la inversión productiva.
Esto lo estamos viendo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que podría tener que pagar tres o cuatro años de salarios caídos a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas tras el amparo obtenido contra la extinción del contrato colectivo de Luz y Fuerza del Centro. Quizá la CFE pueda pagar los 14 mil millones de pesos que dice el SME debe por salarios caídos, pero muchas empresas pequeñas quiebran ante el peso enorme que representan estos pagos imposibles de predecir. La reforma laboral, al limitar los salarios caídos a un año, otorga un principio de certidumbre indispensable para realizar inversiones y crear nuevos empleos.
A esto hay que añadir otras partes de la reforma que representan avances importantes, como el contrato por hora, el ascenso de trabajadores por capacidad y no sólo por antigüedad, la regulación de la subcontratación y los contratos de prueba y de capacitación.
Hacer obligatorios el sufragio libre y secreto y la rendición de cuentas en los sindicatos es un paso importantísimo. Pero insistir en reintroducirlos en este momento no garantiza que se queden y sí pone en riesgo el resto de la reforma. Por eso los partidos de izquierda han buscado súbitamente un acuerdo con el PAN. No es que les interese la democracia sindical o la rendición de cuentas; ven una oportunidad de parar la reforma. El momento de mantener las cláusulas de democracia y transparencia era en el voto de la Cámara de Diputados, pero muchos diputados prefirieron tomar la tribuna en lugar de participar.
Si los senadores panistas persisten ahora en establecer la alianza con la izquierda, sólo estarán abriendo las puertas para que se impida la promulgación de la reforma que dicen querer.
CASSEZ Y LA CORTE
Enrique Peña Nieto dijo ayer en París que respetará el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre Florence Cassez. Lo más probable es que el nuevo proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero ya esté listo y que pida liberar a la francesa. Con la actual composición de la sala penal es difícil que pase… pero se avecinan cambios en la Corte.
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