Hace casi 52 años, en 1960, finalizaba el segundo año del gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Su política buscaba la superación del sector rural, mediante acciones que impactaban las realidades agrícola, hidráulica y ganadera. De hecho, su régimen consideraba “clase predilecta del régimen” a los productores ejidales. En tan solo dos años del gobierno de López Mateos, les había entregado tres millones y medio de hectáreas, a una tasa mensual de ciento cincuenta mil hectáreas.
Al mismo tiempo, se cancelaban contratos de arrendamiento de agostaderos a particulares, con el objeto de beneficiar a los ejidatarios. Para balancear esta disposición, se insistió en el castigo severo de las invasiones a pequeñas propiedades inafectables. En estos dos años, de 1958 a 1960, se consolidó el ejido ganadero, forestal e industrial.
Para el 31 de diciembre de 1960, se habían logrado captar más de 26 mil millones de metros cúbicos de agua para riego, para 2 millones 194 mil 667 hectáreas. Para esa fecha, se habían firmado ya los convenios para construir las presas de La Amistad, sobre el río Bravo, y se había iniciado la construcción de la presa Malpaso, sobre el río Grijalva.
Para el fin de año de 1960, se había autoabastecido por completo la demanda mexicana de maíz, e incluso se logró un superávit de 450 mil toneladas para la exportación; se habían equilibrado la producción y la demanda mexicanas de trigo, y florecían las exportaciones de algodón y de café.
Habían sido fundados para entonces el Instituto Nacional de la Lana, y la Comisión Nacional del Azúcar. La Comisión Nacional del Maíz estaba por convertirse en la Productora Mexicana de Semillas. México era sede de congresos internacionales y americanos relacionados con la productividad del campo.
De lo anterior, podemos deducir que hace medio siglo, las políticas nacionales estaban orientadas hacia la productividad del campo mexicano, y se trataba de políticas exitosas, a juzgar por las cifras que se manejaban, y por la autosuficiencia que se había alcanzado, particularmente con los dos cereales más consumidos en México, el maíz y el trigo. Hemos de recordar que durante los gobiernos de López Mateos y de John Kennedy, se implementó en México (1961) el programa “Alianza para el Progreso”, un programa basado en la declaración de los países americanos en Punta del Este, Uruguay. México buscaba estabilizar la variación internacional de precios para sus productos de exportación, y desde luego, mejorar nuestra balanza comercial.
La paridad del peso con el dólar estadounidense se mantenía en 12 pesos con 50 centavos por dólar (en la actualidad, serían 13 mil pesos de aquéllos, por un dólar) Había paz social, y los préstamos bancarios a particulares eran fáciles de conseguir y muy bajos en sus intereses.
Se puede afirmar que, hace 50 años, México alcanzaba uno de sus mayores momentos de estabilidad económica y social. Era autosuficiente en alimentos básicos, y no dependía del abasto de granos de los Estados Unidos ni de ningún otro lugar de la tierra. El peso se encontraba estable. El sistema bancario, en manos de sociedades de particulares, era sano y eficiente. Para el 8 de junio de 1960, la población mexicana ascendía a 34 millones 923 mil 129 habitantes, apenas un tercio del número de mexicanos en 2012.
Aparte de la generalizada corrupción, y de las políticas neoliberales ¿habrá sido el incontenible crecimiento de la población uno de los factores clave para entender las recurrentes crisis económicas de nuestro país?
Por lo que se refiere al ámbito regional, mencionaremos que en enero de 1961, se le comunicó a la población de la Comarca Lagunera que el precio de la leche subiría quince centavos. En efecto, las pasterizadoras “Laguna” y “Nazas” de Torreón, y la “Higiénica” de Gómez Palacio, dieron a conocer que el frasco de un litro de leche pasaría de costar un peso y sesenta centavos, a un peso con setenta y cinco centavos. Esta noticia se difundió en anuncios desplegados en los diarios locales.
Las razones que dieron las pasterizadoras a la Dirección General de Precios de la Secretaría de Industria y Comercio para justificar el aumento de la leche, fueron las siguientes: el aumento del precio en los forrajes: la harinolina subió un 40%; la cascarilla subió un 125%, y el salvado, un 20%. Se argumentó además, un aumento del 100% en el precio del combustible, y 23% de aumento en los salarios.
Esta noticia fue recibida con gran descontento en todas las centrales obreras, y como es natural, entre las familias humildes. Algunos líderes sindicales protestaron por el alza ante el gobernador de Coahuila. El mandatario estatal se encontraba en Torreón por esas fechas. Otros trataron de mostrar su inconformidad ante el delegado de Industria y Comercio, quien, al parecer, se ausentó de la ciudad para evitar la confrontación. La Federación Revolucionaria de Trabajadores del Estado de Coahuila se inconformó ante el Presidente de la República.
Analicemos ahora cuál era la capacidad de los laguneros para inconformarse con las alzas de los productos básicos. Quince centavos de aquella época representaban aproximadamente un sexto de la milésima parte de un peso actual. Y por esta “insignificante” suma, la población se sentía agraviada y se manifestaba. La ilusión creada por los “nuevos pesos” mexicanos desde enero de 1993, ha tratado de ocultar y de arrojar al olvido la enorme diferencia que existe entre la capacidad adquisitiva de la población de aquellos años, y la actual.
La pauperización ha sido un proceso continuo para los mexicanos. Nos hemos acostumbrado a la pobreza, a la crisis y a los constantes aumentos en los precios de todo. La supresión de los tres ceros de nuestra moneda en 1993, equivale a la extirpación de la memoria colectiva, a la desaparición de recuerdos políticamente “incómodos”, puntos de referencia para calibrar la verdadera magnitud del desastre económico que se ha venido gestando en México desde los años setenta, y cuyas raíces se encuentran en la administración pública y en la corrupción generalizada.
