Hoy comparece ante la Cámara de Diputados el secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, para explicar las múltiples observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2010 por incumplir todos los indicadores de revisión del desempeño de las entidades públicas.
Eso es, a no dudarlo, un mundo de irregularidades. Ojalá los legisladores se den tiempo de cuestionarlo sobre dos asuntos que hemos denunciado aquí:
1. El probable megafraude con operaciones de lavado de dinero que involucra a por lo menos 36 dependencias del sector público que habrían entregado a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) hasta 6 mil 120 millones de pesos con los que subcontrató asesorías y servicios diversos con empresas fantasma, para quedarse con 40 centavos de cada peso y devolver los restantes 60 a las instituciones aportantes para pagar, en el mejor de los casos, plazas no autorizadas por Hacienda o en el peor, nóminas secretas o fondos para quién sabe qué fines.
La Secretaría de la Función Pública en respuesta a una solicitud de información sobre este asunto (folio 0002700294311) confirma la realización de auditorías pero informa que sus resultados fueron reservados. Lo explicó así en un oficio fechado el pasado viernes 2 de marzo:
"Mediante oficio número UAG/210/907/2012, la Unidad de Auditoría Gubernamental comunicó que localizó la auditoría número 011/10, en la cual fueron revisados algunos contratos celebrados con la Universidad Autónoma de Nuevo León y distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, la cual se encuentra clasificada como reservada por un plazo de tres años".
Las dependencias aportantes de recursos a la UANL mediante contratos que no deben ser sometidos necesariamente a concursos de licitación pública por tratarse de una institución de educación superior son, entre otras, de acuerdo con información de la propia universidad, Pemex, Pemex Exploración y Producción, la Secretaría de Salud de Nuevo León, la Secretaría de Desarrollo Social federal, Sociedad Hipotecaria Mexicana, Correos de México, la Secretaría del Trabajo y hasta el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), uno de cuyos altos mandos ha confirmado la existencia de ese tipo de operaciones.
A mediados del año pasado, de acuerdo con información periodística (Reforma, 7 de junio de 2011), la UANL admitió haber pagado sumas millonarias a empresas vinculadas con uno de sus investigadores (Érick Alan Treviño Arjona), montadas en casas particulares y sin empleados registrados en el IMSS, pero con el argumento de que fueron recursos propios (no aportaciones de dependencias) que se aplican conforme a sus reglamentos. Los contratos con esas compañías iniciaron en 2006 durante la gestión del exrector José Antonio González y continuaron bajo la rectoría de Jesús Ancer Rodríguez.
Se afirma que en esta operación también estaría involucrado el también exrector y exsecretario de Educación Pública del gobierno de Vicente Fox, el hoy diputado federal con licencia por el Partido Nueva Alianza. Reyes Tamez, quien a mediados del año pasado dejó la coordinación parlamentaria de ese partido para irse a impartir cátedra a la Universidad de Harvard.
2. La lentitud o franca omisión del SAT en la cobra de créditos fiscales derivados de sanciones económicas impuestas a servidores públicos por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con la respuesta dada el 26 de mayo de 2011 a un solicitante de información pública gubernamental (folio 06101000898311), el monto total de créditos fiscales por ese concepto, entre 1991 y 2011, asciende a 61 mil 527 millones de pesos. De ellos el SAT sólo ha cobrado 93 millones 650 mil pesos, ha dado de baja 29 mil 300 millones de pesos y no ha cobrado 32 mil 134 millones de pesos.
¿Por qué no los ha cobrado? ¿Por qué dio de baja casi 30 mil millones de pesos? Preguntas, le digo, que quizás los legisladores deberían hacerle hoy al secretario Morgan Ríos.
El asunto, por supuesto, toca el desempeño del exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, hoy precandidato a senador por el PAN.
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