Protesta. Niños judios ultraortodoxos se manifiestan contra la ley 'Tal', que exceptúa del servicio militar a los judíos ultraortodoxos y a la minoría árabe, en Jerusalén.
Miles de judíos ultraortodoxos se manifestaron en Jerusalén contra la posibilidad de que el Gobierno israelí ponga fin a su histórica exención del servicio militar obligatorio, a través de un proyecto de reclutamiento universal que debate actualmente el Ejecutivo.
La concentración, convocada por el grupo ultraortodoxo antisionista "Eda Haredit", congregó a más de 5.000 religiosos varones en la plaza Shabat del barrio de Mea Sharim.
Entre los asistentes se encontraban centenares de niños, al igual que sus padres con el pelo ensortijado en tirabuzones, chalecos y levitas negras sobre camisas blancas, y las manos esposadas en señal de protesta.
"Ayúdanos para que no caigamos cuando seamos mayores en las garras de la aniquilación del servicio militar", rezaban los carteles en hebreo que portaban los pequeños, agrupados en disciplinadas filas mientras rezaban contra las intenciones del Ejecutivo.
"Su objetivo es claro: quieren separarnos de la fe", proclamaba otra pancarta sostenida por Yosef, un joven de 18 años, que considera "terrible" la ley que prepara el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Este religioso, que será llamado a filas en caso de que se apruebe el reclutamiento universal en las próximas semanas, aseguró que se irá del país antes que "perder" en el Ejército "todo el tiempo" que necesita para estudiar la Torá (el antiguo testamento bíblico).
Los ultraortodoxos han eludido hasta ahora la obligación de realizar el servicio militar (tres años para los hombres y dos para las mujeres) con el argumento de que necesitan todo el día para estudiar los libros sagrados en una escuela religiosa y el uniforme les quitaría el tiempo preciso para ello.
A raíz de varios recursos por parte de grupos de reservistas, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional el pasado febrero la exención de los ultraortodoxos del Ejército e instó al Gobierno a buscar una solución no discriminatoria antes del próximo 1 de agosto, cuando expira la ley actual.
