El sexenio que le tocó encabezar a Miguel de la Madrid Hurtado, como presidente de México, puede caracterizarse en cuatro grandes aspectos: las crisis económicas, el cambio de modelo económico nacional, las catástrofes (particularmente las naturales) y los fraudes electorales.
Hay que recordar que De la Madrid rindió protesta tres meses después de la nacionalización bancaria y el control de cambios, que decretó en su último informe de gobierno José López Portillo, pero también entregó al país en medio de otra gran crisis económica, tras el desplome de los precios del petróleo y el crack bursátil de octubre de 1987.
Las circunstancias en las que asumió el poder lo llevaron a negociar con los sectores productivos nacionales (principalmente, con los empresarios) y los organismos financieros internacionales, particularmente estos últimos le impusieron el modelo económico que guía los destinos del país desde aquel entonces: el neoliberalismo, emanado del llamado Consenso de Washington, que básicamente implica la reducción al mínimo del Estado y la prevalencia, casi absoluta, del mercado.
Así, en realidad él no eligió el cambio de modelo económico, le fue impuesto y dicha imposición no libró al país de otras dos grandes crisis económicas: la de 1987 y la de 1994-1995; y sí sumió a México en un estancamiento económico del cual todavía no logra salir, pues a partir de ese momento las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto han sido insuficientes. El estancamiento empezó a principios de los ochenta; y el estancamiento con estabilidad, a mediados de los noventa, pero la constante es el estancamiento.
Entre los desastres, sin duda el más significativo de todos fue el terremoto que devastó la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985, donde la actuación del gobierno dejó mucho que desear y, precisamente por ello, se convirtió en uno de los grandes detonadores de la sociedad civil organizada, que posteriormente habría de encauzar sus esfuerzos para lograr la democracia electoral.
En el primer año de su mandato fue en el único en el que se respetaron los triunfos electorales del panismo (el único partido opositor en este momento) en las alcaldías de varios de los municipios más poblados de México, así como, algunas capitales estatales, sin embargo, tan pronto como los triunfos de la oposición se extendieron a las gubernaturas de los estados, se archivó la vocación democrática y se reactivó el arsenal defraudador del priismo para conservar el control de las 31 gubernaturas estatales.
Cualquier recuento de los fraudes electorales a nivel estatal seguramente estará incompleto, pero entre los más significativos por el impacto nacional que tuvieron se encuentran los de Nuevo León, en 1985; y Chihuahua y Sinaloa, en 1986, que se convirtieron en el preludio del gran fraude electoral de la elección presidencial de 1988.
Los fraudes fueron perpetrados con toda premeditación, alevosía y ventaja, pues en ese momento el PRI tenía la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y en todos los Congresos estatales y, aunque no fueron los momentos de máximo esplendor del presidencialismo meta constitucional mexicano, éste hacía sentir su fuerza abiertamente y lograba imponer su voluntad personal sin ningún recato.
Particularmente la legislación electoral federal bajo la cual se organizaron los comicios presidenciales de 1988 fue la más antidemocrática de los últimos 35 años, es decir, desde el inicio de la liberalización política que impulsó Jesús Reyes Heroles, desde la Secretaría de Gobernación durante la Presidencia de José López Portillo. El mayor retroceso de dicha legislación fue que PRI-gobierno aseguró el absoluto control del órgano electoral, lo cual le permitió ejecutar a placer el atraco electoral del 2 de julio de 1988, en ese momento ya no para despojar al PAN de un legítimo triunfo, como había sido en las elecciones estatales, sino para perpetrarlo contra el Frente Democrático Nacional.
Pues hay que recordar que De la Madrid no únicamente impuso la fuerza del autoritarismo a la oposición externa a su partido, también lo hizo al interior del mismo y su intolerancia a la disidencia fue lo que provocó la escisión de la llamada corriente democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que organizaron la otra alternativa opositora.
A pesar de todo ello, en las honras fúnebres de principios de semana parece ser que lo único que se recuerda de su sexenio es el gran viraje económico y, por ello se le rindieron honores como un hombre de Estado, cuando en lo político fue exactamente lo contrario, pues en todo momento antepuso los intereses de su partido, el PRI, al de los mexicanos y la nación.
Puede decirse que De la Madrid propició el arribo de la democracia electoral a México, pero por su incapacidad e intolerancia, no por su compromiso democrático y, mucho menos, intencionalmente. Su incapacidad para atender la emergencia provocada por el terremoto en la capital catapultó el poder de la sociedad civil; y su intolerancia provocó la división priista, que a la postre causaría su derrota. Ésta fue una consecuencia involuntaria de su autoritarismo.
Sin embargo, su actuación como presidente fue diametralmente opuesta a la imagen de hombre de Estado que pretendieron construir los oradores (su hijo, Enrique de la Madrid, y el presidente Felipe Calderón), pues durante su mandato prevalecieron los intereses de su partido y particulares, por encima de los nacionales. Pero, a pesar de los esfuerzos oficiales, esto fue evidente porque la ciudadanía, en general, se mantuvo muy alejada de la ceremonia luctuosa que compartieron la familia De la Madrid-Cordero y las élites priistas y panistas.