Ya tiene Rubén Moreira más de un mes en el cargo formalmente y las fiestas decembrinas le vinieron de maravilla a su gobierno para abrir un espacio en los medios informativos que luego de este receso, y tras la nueva legislatura que acaba de entrar en funciones el domingo pasado, han logrado distraer de los titulares el delicado y trascendental tema de la deuda para enfocarse en lo que Moreira quiere presentar como novedoso plan de seguridad.
En este paquete presentado por el flamante gobernador, se intenta a través de su mensaje que las propuestas son innovadoras y modernas. Sin embargo, la realidad es que en el nuevo paquete sólo tiene la creación de nuevos delitos como lo es lo que comúnmente se conoce como halconeo, así como el uso de placas sobrepuestas, el uso ilícito de vehículos y uniformes oficiales y la usurpación de funciones de seguridad o simulación de retenes; y la reclasificación de otros como graves, además de anunciar la creación de una oficina que de hecho ya existe. Todo el demás bagaje, no es más que la repetición del esquema que fue eliminado en el año 2009.
Anteriormente, las dependencias encargadas de la seguridad pública estatal las conformaban la Secretaría de Seguridad Pública, que se ocupaba de la disuasión y detección de delitos en lo que a su jurisdicción le concernía, y la Procuraduría General de Justicia, cuya función principal es la persecución de los delitos cometidos en el territorio estatal. Estas instituciones resucitadas ocuparán la función que hacía de manera concentrada la Fiscalía General de Justicia.
La creación de una Subprocuraduría de investigación y búsqueda de personas no localizadas, que responde a la exigencia de la organización denominada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, ya existe dentro de la casi desaparecida Fiscalía, y como titular continuará la misma persona, Lauren Rodríguez.
En tanto, el gobernador ha hecho énfasis en modificar las normas que regulan la venta de alcohol, tanto en los horarios como en los giros en el que se expenden, como lo es en casinos, eventos deportivos y los "table-dance".
Desde la óptica del licenciado Moreira, es menester para reducir los índices de inseguridad, el que el horario para vender alcohol en los bares y restaurantes se limite a las dos de la mañana, reduciendo una hora al horario actual, y desapareciendo toda clase de tolerancia para desalojar los sitios. Pero además de eso, está proponiendo la eliminación total de la venta de bebidas etílicas en los casinos y casas de apuestas, así como la prohibición que donde existan espectáculos conocidos como "table-dance" se pueda consumir alcohol.
Existen en el proyecto otras modificaciones como lo es catalogar como falta el que se consuma alcohol en los vehículos y responsabilizando al conductor de que esta conducta sea observada. Se obligará que la Secretaría de Finanzas publique en la Internet el nombre de los negocios que tienen permiso para la venta de las bebidas espirituosas así como la obligación de que los establecimientos tengan en exhibición su permiso correspondiente.
Hay más, se pretende que los eventos deportivos suspendan 20 minutos la venta de bebidas antes de la finalización del mismo, o en los casos que no tengan tiempo determinado, se deje de servir cuando hayan transcurrido dos terceras partes del tiempo que regularmente duran.
Llama la pena que Rubén Moreira haga tanto énfasis en restringir a todas luces la venta de alcohol, apostando quizá a que esa sea la causa de la violencia descarnada que aquí se vive. Pero no hay que ser un genio para entender que son otros los motivos que nos tienen a los ciudadanos a merced del crimen.
Si bien es cierto que se necesita un orden en el delicado tema del alcohol, y que hay que tener un marco regulatorio eficaz, los secuestros, extorsiones, levantones y ejecuciones está intrínsecamente relacionado con el tráfico de estupefacientes, no de cervezas, vinos y licores.
Las toneladas de dinero que reditúa la venta de sustancias prohibidas - léase drogas- es lo que les da su enorme poder a los criminales, que les sirve para corromper y adquirir las armas que sean; eso y la enorme impunidad que ha reinado por décadas en nuestro país, ha desatado lo que estamos viviendo, no el alcohol, ése ya tiene mucho, parece que el gobernador tiene más una fijación "moral" contra la tomada, que una creencia que con estas modificaciones, se mejorarán las cosas en materia de seguridad.
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