P Ara superar el presente y construir el futuro es necesario reconocer el pasado, por pesado que éste sea. Intentar negarlo resulta un completo despropósito. El camino sólo puede enderezarse luego de revisar los malos pasos que se han dado. Ignorar las desviaciones o fingir su inexistencia, es abrir la puerta a volver a incurrir en ellas. La simulación es uno de los peores enemigos de los individuos y las sociedades. Por eso, cualquier gobierno que pretenda en verdad trabajar para resolver los problemas que aquejan a una nación o un estado, debe iniciar por reconocer, siempre de cara a la ciudadanía, lo que hasta ahora se ha hecho mal.
La característica de los primeros 100 días de la administración de Rubén Moreira en Coahuila ha sido la redundancia en el despropósito de ocultar o negar las pifias del gobierno anterior, encabezado durante poco más de cinco años por su hermano Humberto y, en los últimos meses del sexenio, por Jorge Torres. Las frases recurrentes del gobernador y su gabinete cuando se les refieren los enormes problemas de la deuda del estado y la inseguridad pública han sido las de "éste es un nuevo gobierno", "hay que darle vuelta a la página" y "mi administración acaba de empezar".
Con este discurso, Moreira y su gente pretenden desviar la atención de la ciudadanía de lo acontecido en la administración pasada e instalar en la opinión pública la conveniente idea de que es mejor ver para adelante que mirar hacia atrás.
La postura asumida por la actual administración de querer enterrar con su antecesora los problemas generados por la misma, no puede ser menos institucional. Decir que la deuda, la consecuente alza de impuestos y la descomposición de las corporaciones policiacas estatales no son asuntos suyos porque no surgieron en este sexenio, demuestra una total falta de respeto a las instituciones que Rubén Moreira hoy representa, a los ciudadanos que lo eligieron -por el motivo que sea- y a los que no votaron por él, pero para los que igual debe gobernar. Porque es sencillo: los problemas creados o no resueltos por el gobierno anterior, hoy son los problemas de su gobierno. Así es la función pública.
Pero más allá de este principio básico -que el mandatario estatal ignora o finge ignorar-, hay dos realidades incontrovertibles que lo responsabilizan aún más. Primero, que se trata de un gobierno emanado del mismo partido que el anterior. Y segundo, que quien encabezó la mayor parte de ese gobierno fue su hermano, para el cual Rubén Moreira operó desde la dirigencia estatal del PRI y la diputación federal, posiciones que le sirvieron a él mismo para convertirse primero en candidato y luego en gobernador.
A esto hay que sumar la sospecha, alimentada por la opacidad característica de la pasada administración, de la utilización de la estructura gubernamental y los recursos estatales para dar el triunfo en las urnas al hoy gobernador. Mantener en la oscuridad los estudios, criterios y padrones de los programas sociales es conceder veracidad a la sospecha, sobre todo cuando la administración actual ya anunció la reactivación de dichos programas, con otro nombre, de cara a las próximas elecciones federales.
Por si fuera poco, en el gabinete actual figuran personas que formaron parte del equipo de Humberto Moreira en áreas que hoy son motivo de investigación. Tales son los casos de Jesús Ochoa Galindo, secretario de Finanzas, quien fue tesorero general del Estado al final de sexenio; y de Domingo González Favela, secretario de Seguridad Pública, exfiscal especializado ministerial.
No obstante lo anterior, el titular del Ejecutivo Estatal insiste en el discurso del "borrón y cuenta nueva", del ya no ver para atrás. Es Moreira pidiendo olvidar a Moreira. Y a ese olvido viene atado el perdón. Como si fuera posible olvidar que durante 20 años los coahuilenses tendremos que pagar una deuda de más de 35 mil millones de pesos con sus intereses, cuya contratación se realizó en parte con documentos falsos, y de la cual aún se desconoce su destino. Como si fuera posible perdonar las pérdidas humanas y materiales que ha dejado el crecimiento de la delincuencia en el estado, motivado en gran medida por la omisión, negligencia y/o complicidad de las corporaciones policiacas.
El gobernador debe entender que los ciudadanos no estamos dispuestos a dar la vuelta a la página a estos asuntos hasta que, primero, los responsables del grave daño que se le ha hecho al estado sean llevados ante la justicia y, segundo, se sienten bases sólidas para evitar que lo ocurrido durante el sexenio de Humberto Moreira vuelva a suceder.
Pero una cosa es cierta: el actuar en consecuencia implica que el gobernador forzosamente rompa lazos políticos y hasta familiares, lo cual parece muy difícil. Pero él debe escoger entre sus intereses personales o los de la sociedad que le permitió cumplir su objetivo de gobernarla. Él quiso llegar a donde está y ahora tiene la obligación de responder. Si decide no hacerlo, que se prepare a entrar al basurero de la política, ahí donde precisamente se encuentra ahora su hermano.
Twitter:
@Artgonzaga
E-mail:
Argonzalez@elsiglodetorreon.com.mx
