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Mujeres, blanco de abusos

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EL UNIVERSAL

El padre. El padrastro. El primo. El tío. Todos pueden ser un victimario en muchos de los casos de agresiones sexuales registrados en Hidalgo, donde las zonas indígenas están consideradas de alto riesgo para los abusos por parte de miembros de la familia. El miedo a denunciar, el temor a un regaño mayor, o incluso acuerdos entre miembros de la familia para perdonar la agresión dejan fuera de las estadísticas este tipo de abusos que son una realidad en el estado. La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) tras un estudio y trabajos de campo con encuestas ubicó dos zonas de Hidalgo como "focos rojos" por abuso sexual. Estos son la zona de El Valle del Mezquital y la Huasteca, explica Bertha Miranda, dirigente estatal del organismo.

Ambas regiones registran un alto índice de agresiones sexuales, comenta. Y las dos tienen en coincidencia los altos índices de pobreza y que gran parte de sus comunidades son habitadas por grupos indígenas donde hay un difícil acceso a la justicia y a la información, señala.

La conformación familiar en estas regiones es nuclear, pero también conviven en el mismo hogar, abuelos, tíos y sobrinos, quienes de manera cultural consideran que el cuerpo de las mujeres les pertenece, enfatiza la activista.

En el estado se calcula que tres de cada 10 mujeres ha sido agredida sexualmente; a esto se le suma la "cifra negra", revela.

"Lo preocupante en estos casos es la falta de denuncia, debido a que muchas agresiones terminan en acuerdos. Ante la falta de dinero en las familias, los agresores recurren a reparar el daño con dinero", lamenta Bertha Miranda, quien ha trabajado con las víctimas y los casos en las zonas donde ocurren.

"Los factores socioeconómicos impiden en muchos casos la denuncia. Una mujer que es dependiente económicamente de un hombre y que en algunos casos carece de dinero para los alimentos del día, difícilmente acudirá a interponer una denuncia, sobre todo si para ello hay que acudir hasta las cabeceras municipales o distritos judiciales".

 DIFICULTADES PARA HACER JUSTICIA En el Valle del Mezquital y la Huasteca también permea el difícil acceso a la justicia y la discriminación. "Hay discriminación desde que las personas agredidas no hablan español y no tienen un traductor, pero también por su forma de vestir o el calzado", señala.

En ambas zonas se concentra un total de 34 municipios. Ocho de ellos en la Huasteca y 26 en Valle del Mezquital.

"La violencia no se puede solucionar con acuerdos verbales o económicos y eso es lo que sucede en las comunidades indígenas y pobres". Las construcciones de género y los problemas económicos son caldo de cultivo para la violencia, pero además esto sucede al interior de los hogares, menciona. "En su mayoría el atacante de las mujeres está dentro del círculo familiar. El peor enemigo de una mujer no está fuera, está dentro", enfatiza la activista.

Datos del Sistema de Información del Instituto Hidalguense de las Mujeres determinan que antes de los 10 años de edad éstas corren el riesgo de ser maltratadas o incluso violadas.

En 2010, la Secretaría de Salud ofreció consulta a 13 mil 963 jóvenes menores de 19 años de edad que acudieron por estar embarazadas.

Además se atendieron tres abortos legales en menores de edad abusadas sexualmente, precisamente en comunidades del Valle del Mezquital. Las edades de las víctimas son 12, 15 y 17 años.

Según la institución, la mayoría de los agresores en estos casos son adultos y hombres de la tercera edad; pero también hay adolescentes.

El último estudio serio para medir el fenómeno está basado en la Encuesta Nacional de la Dinámica Interna de las Relaciones en los Hogares (Endireh), el cual señala que entre 2003 y 2006, 80 mil 469 mujeres hidalguenses fueron abusadas sexualmente.

En las comunidades donde hay un alto índice de violencia, Ddeser y otras organizaciones como Constituyente Feminista mantienen un trabajo con las instancias municipales de la mujer. Ahí se les explica que la violencia no es normal y constituye un delito.

La presidenta de la organización Constituyente Feminista, Otilia Sánchez, precisa que ante el alto índice de abusos, en abril de 2011 se puso en marcha una campaña de información. También detectaron un alto índice de adolescentes abusadas por familiares o desconocidos, lo que origina embarazos no deseados por incesto o violación.

'¿Cómo iba a sospechar

Si era su padre?'

María Guadalupe Pérez Chávez sólo demanda una cosa: justicia. Con tan sólo nueve años, su hija mayor comenzó a ser abusada por su padre. "Cómo iba a sospechar si él era su padre y aparentemente un hombre de bien que se encontraba rodeado de imágenes religiosas, de la Virgen de Guadalupe y de muchos santos". Pero la santidad estaba muy lejos de Gregorio Wenseslao Peña.

La familia de Guadalupe era una más en la comunidad indígena de Botenguedhó, en el municipio de Ixmiquilpan asentado en el Valle del Mezquital. Con cuatro hijos que cuidar y sus tareas en el campo, Guadalupe comenta que jamás sospechó lo que encerraban las paredes de su casa y el infierno que en ella vivía su hija de nueve años.

Con miedo, pero con indignación, María Guadalupe recorre juzgados, plazas públicas y organismos de mujeres, en un intento que su caso sea escuchado. En octubre de 2010 se "plantó" 9 días frente a la alcaldía de Ixmiquilpan.

La tan esperada justicia parecía que por fin era alcanzada, cuando un juez dictó sentencia a su pareja por 50 años. Sin embargo, dice, el daño ya estaba hecho. Su hija quien fue abusada por 6 años por su padre, había abandonado la escuela y, de acuerdo a los estudios psicológicos, sufre una profunda depresión que la llevaría al suicidio.

Pero el camino deparaba sorpresas, hace unos días, tras una impugnación, se le modificó la sentencia al padre a 18 años. "Además, hemos sufrido toda clase de atropellos desde la denuncia, hostigamiento y amenazas. Lo digo de verdad, mis hijos y yo corremos peligro de muerte".

"Parece que por pedir castigo para el agresor de mi hija yo soy la delincuente".

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