La mayoría de las y los refugiados en México enfrentan discriminación por su aspecto físico, el color de la piel e incluso por su acento. Lo que repercute en la inestabilidad económica y social para ellas o ellos y sus familiares, principalmente por la dificultad de encontrar empleo estable, inscribirse en la escuela y ocupar, sin ser molestados, una vivienda digna.
La convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define a las y los refugiados como personas que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, perteneciente a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentran fuera de su país de su nacionalidad; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".
Las mujeres pueden ser perseguidas por los mismos motivos que los hombres, pero están más expuestas a sufrir persecución por causas específicas como violencia sexual o discriminación grave.
La persecución por motivos de género no está citada específicamente en la Convención como uno de los motivos que podrían dar lugar al reconocimiento de la condición de refugiado, sin embargo, ha sido interpretada desde una perspectiva de género, en esta línea, el Parlamento Europeo determinó en 1984 que las mujeres que se enfrentan a un trato cruel o inhumano porque aparentemente transgreden las normas sociales, deberían ser tenidas en cuenta como un grupo social especial para los propósitos de determinar el estatuto de refugiado.
Según datos de la COMAR, en 2009, 680 personas solicitaron la condición de refugiado en México y 123 fueron reconocidas como refugiadas. En 2010, se presentaron 1044 solicitudes y se otorgó la condición de refugiadas a 224 personas.
La situación de las y los refugiados en México es similar a la tendencia mundial, donde más del 50% de refugiados se ubican en zonas urbanas, a diferencia de la imagen tradicional de las personas viviendo en campamentos.
Aunque no se ha desarrollado una política formal de integración para los refugiados, el 82% se describe como integrados en el país y el 91% expresa su decisión de vivir en México para siempre. Sin embargo, el 45% de las personas refugiadas afirmaron haber sufrido discriminación en el sector laboral.
Cabe destacar que el 70% de refugiados se ubican entre los 27 y los 57 años de edad. La población más joven está conformada por haitianos, mientras que la población mayor de 60 años incluye sobre todo a salvadoreños y guatemaltecos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reporta que a enero de 2010, México albergaba una población de 1,226 personas refugiadas, el 36% era mujeres.
Sin embargo, con la promulgación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, México es el primer país de América Latina en establecer la protección complementaria para las personas que no pueden ser reconocidas como refugiados, pero que se encuentran en peligro de vida o en riesgo de ser sometidos a tortura u otra forma de tratamiento inhumano o degradante.
Además se concederá la condición de refugiado a las personas perseguidas por motivos de género.
