Traslado. Un vehículo oficial traslada a los 12 policías federales involucrados en el ataque del pasado viernes a una camioneta en la que viajaban dos funcionarios de la embajada de EU, ante las protestas de sus familiares.
Abogados de siete policías federales, detenidos como presuntos responsables de haber atacado a un vehículo diplomático de Estados Unidos en el poblado de Coajomulco, informaron que el Ministerio Público Federal pretende fijar una sanción aproximada a los cinco millones de pesos por cuatro delitos imputados a sus defendidos.
Sin embargo, afirmaron que presentarán alegatos para acreditar su inocencia porque sus clientes son insolventes económicos, ya que tienen un salario promedio mensual de 15 mil pesos.
Enrique Rusty Mondragón Huerta, defensor de dos subinspectores y un jefe de grupo, afirmó que tan sólo por daños al vehículo diplomático el Ministerio Público estableció una sanción económica de 2.3 millones de pesos para cada uno. Sin embargo, dijo que el ofrecimiento del MP será rechazado toda vez que la caución sólo cubre cuatro delitos y el proceso continuaría por el cargo de tentativa de homicidio, que es delito grave y no alcanza fianza.
Precisó que los cargos que se le imputan a sus clientes son: uso indebido de la función pública, daños en propiedad privada, lesiones y abuso de autoridad.
Añadió que el delito de asociación delictuosa no fue acreditado y por lo tanto se desecha por el momento el arraigo de los 12 policías que se encuentran desde la noche del viernes en las instalaciones de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR).
Marco Aurelio González Robles, abogado defensor de otros cuatro policías, dijo que sólo uno de sus clientes disparó contra el vehículo oficial y el resto llegaron solamente como refuerzos.
Además consideró fuera de lugar la sanción económica de 2.3 millones de pesos por daños a la unidad diplomática. También destacó que las lesiones no pusieron en riesgo la vida de los tripulantes del vehículo baleado.
Denunció que sus clientes estuvieron incomunicados las primeras 24 horas y hasta que lograron un amparo pudieron hablar con ellos.
En la delegación de la Procuraduría Gernal de la República están los familiares de los detenidos y algunos de ellos pidieron al presidente Felipe Calderón y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, su apoyo para deslindar responsabilidad y que los policías reciban un trato justo.
CONFIRMAN ARRAIGO Un juez otorgó un arraigo por 40 días a los 12 policías federales que fueron remitidos al Ministerio Público por la agresión que sufrieron dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y un marino mexicano en el estado de Morelos.
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, informó que "un juez especializado en cateos arraigos e intervenciones telefónicas" otorgó dicha medida, y que continuarán "profundizando en las investigaciones".
La funcionaria recalcó que seguirán colaborando con las autoridades nacionales e internacionales para aclarar los hechos.
Morales Ibáñez aseguró que hasta el momento no se ha considerado el delito de delincuencia organizada.
Sin embargo, añadió, "tenemos abuso de autoridad y lo que resulte, pero es un hecho que se tiene que esclarecer hasta sus últimas consecuencias, y los delitos que se hayan actualizado van también a tomarse en cuenta. No se descarta ningún delito hasta el momento o ninguna línea de investigación".
Morales Ibáñez explicó que se solicitó el arraigo a fin de tener el tiempo necesario para realizar una investigación exhaustiva, en la que están colaborando todos los niveles, y en la que se tratará de esclarecer y resolver el caso lo más pronto posible.
Los hechos son del conocimiento de la Subprocuraduría de control regional procedimientos penales y amparo "y así se va a mantener, pero se van a investigar todos los aspectos y todas las líneas de investigación", insistió.
La procuradora recalcó que la hipótesis de la confusión es una línea de investigación, porque lo han señalado en algunas declaraciones, pero eso no se podrá determinar hasta el término de las investigaciones.
