Como en los mejores tiempos del régimen autoritario, en los meses que median entre la elección presidencial y el cambio de gobierno, el presidente saliente aprovecha sus vestigios de poder para utilizarlo arbitraria y atrabiliariamente para satisfacer sus intereses o necesidades personales o de grupo.
Los casos más memorables fueron las expropiaciones de tierras en los valles del Yaqui y del Mayo en Sonora, a finales del gobierno de Luis Echeverría, y la expropiación bancaria, seis años después, con José López Portillo. Y ahora se suma "el rescate" de la banda de 2.5 gigahertz emprendido por el gobierno de Felipe Calderón a escasos 100 días de concluir su mandato.
Primero un recuento de hechos. El primero es que Carmen Aristegui es una periodista incómoda para el gobierno en turno y los poderosos, que están acostumbrados a someter a sus críticos, ya sea a base de sobornos y prebendas o de amenazas y represiones. Los conflictos de los últimos años muestran su espíritu indomable, basta recordar en noviembre del 2002 su salida de Imagen Informativa; la no renovación de su contrato con Televisa Radio, en enero de 2008; y, el más reciente evento, en febrero de 2011 en MVS. Los dos últimos ya durante el gobierno de Calderón.
El segundo es que la negociación para la renovación de las 42 concesiones que detentaba MVS en dicha banda inició en marzo de 2008, es decir, hace más de 4 años y de acuerdo a la información que hoy se conoce, la disputa giró en torno al costo que tendría para el concesionario el poder refrendarlas y ampliar los servicios.
La visión cambia totalmente, dependiendo de quién informa: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que MVS no aceptó pagar lo que ellos consideraban justo por el espectro concesionado; MVS, da cifras totalmente diferentes, pero además señala que las exigencias de las autoridades eran totalmente desproporcionadas y eso lo atribuye a que las negociaciones eran simplemente una fachada, para encubrir la presión para sacar a Carmen Aristegui nuevamente de radio y televisión.
El tercero, el procedimiento que inició el gobierno, llámesele rescate o expropiación, durará varios años, pues más allá del anuncio oficial de Joaquín Vargas, presidente del grupo MVS, de que interpondrán todos los recursos jurídicos a su alcance, hasta el más ignorante e ingenuo de los mexicanos anticipaba que el afectado recurriría a las instancias jurisdiccionales para defender lo que él considera son sus legítimos derechos. De acuerdo con Vargas será de aproximadamente 5 años.
El cuarto, mientras no haya un nuevo competidor los dos grandes beneficiarios de la actual situación son Televisa y Telcel, que son los dos proveedores más importantes de servicios de triple play de banda ancha, por lo que 5 años más de jugosos ingresos en sus actuales condiciones cuasi monopólicas son muy buenas para ellos, independientemente de lo que suceda en el futuro, cuando se asigne dicho espectro.
El quinto, mientras se desarrolle el proceso judicial seguramente el nuevo gobierno se acercará al concesionario (si no es que ya lo hizo desde estos momentos) para tratar de llegar a un acuerdo negociado. Y siempre será posible terminar los litigios judiciales en el momento en que haya un acuerdo de las partes, sin embargo, la correlación de fuerzas para la negociación hoy favorece al gobierno, pues MVS no puede utilizar dicho espacio.
Estos son los hechos, incluyendo la constancia de las posiciones de las dos partes involucradas en estos momentos: SCT y MVS. Ahora el análisis.
Primero, de los hechos anteriores puede derivarse, en primer lugar, que si la diferencia era efectivamente el precio a pagar por el espectro y los referentes para el establecimiento del mismo eran estrictamente técnicos: las licitaciones en otras 15 naciones o licitaciones en México de otras bandas equivalentes, 41 meses de negociaciones parecen demasiados, es decir, hubieran bastado unos cuantos meses para llegar a un acuerdo o proceder a "el rescate".
Segundo, el actual gobierno desde que anunció la medida sabía que ellos no iban a concluir el litigio, con lo cual se lo heredarían a la siguiente administración, con todas las consecuencias que ello tiene.
Tercero, esta no es la primera denuncia de censura o intento de censura que se hace en contra del gobierno calderonista, basta recordar lo que pasó con José Gutiérrez Vivó y los antecedentes ya narrados de Carmen Aristegui.
Cuarto, no es la primera ocasión en que las embestidas contra la libertad de expresión se hacen precisamente en los estertores del gobierno saliente: nuevamente, el caso de Gutiérrez Vivó y, mucho antes, durante el gobierno de Echeverría, la salida de Julio Scherer de Excélsior.
Quinto, hay muchas evidencias de que la relación del presunto futuro presidente, Enrique Peña Nieto, con los medios de comunicación no es precisamente profesional y de respeto a la libertad de expresión, baste revisar todas las denuncias de compra de medios y comunicadores que hoy se conocen.
Sexto, el gran perdedor es el ciudadano, porque lo menos que padece son los efectos de las distorsiones del mercado por otro lustro -mínimo- y que Calderón, por venganza o por un acuerdo previo con su presunto sucesor, le deja la mesa servida para que simplemente la disfrute: limitar los alcances de la comunicadora incómoda o lograr sacarla de las pantallas y bocinas. Y el supuesto bien común, si realmente fue la motivación, le tocará concretarlo, en el mejor de los casos, al siguiente gobierno, pero también es posible que el asunto se prorrogue más de 6 años.
