Denunciada por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, la existencia de narcoempresarios que explotan los llamados "pocitos" de carbón, la fracción perredista en el Senado planteó ayer la urgencia de integrar una comisión investigadora para evaluar las condiciones en que operan éstos.
La exposición de motivos habla de un escenario de precariedad laboral que ha cobrado en los últimos cinco años 80 vidas en la ambición de extraer bajo condiciones inhumanas, calificadas de esclavizantes, 11.2 millones de toneladas del producto. Éste se le vende a la Comisión Federal de Electricidad.
Hasta el año pasado cada tonelada la adquiría la paraestatal en 830 pesos, con la novedad de que en 2003 el gobierno de Coahuila, en afán de poner orden en el negocio, decidió crear una entidad paraestatal denominada Promotora para el Desarrollo Minero, con la novedad de que el remedio resultó peor a la enfermedad. Colocada la instancia como intermediaria para vender el producto a la CFE, en el papel la condición para adquirirlo era que se demostrara la propiedad legítima de la mina y el aval de la Secretaría del Trabajo sobre el cumplimiento de las normas mínimas de higiene y seguridad, hete aquí que a los pocos meses el trato se orientó hacia los "coyotes".
Estos adquirían el carbón a precio de ganga, bajo la amenaza de lo-tomas-o-lo-dejas, de "pocitos" cuya operación reclama a los trabajadores laborar en cuclillas en túneles abiertos sin las mínimas condiciones técnicas y, naturalmente, sin la menor protección social.
Ni Seguro Social ni garantía mínima de indemnización en caso de un accidente.
Salario mínimo… con opción de llevar menores de edad como aprendices.
La historia, pues, siguió siendo la misma.
En afán de justificar su operación, aleatoriamente el organismo le impuso a los vendedores de carbón una alcabala de 80 pesos por tonelada, algo menos de 10% de su costo de venta, según ello para canalizar la recaudación hacia obras de infraestructura.
La decisión provocó una serie de movilizaciones de los mineros en reclamo de que los recursos se canalizaron a mejorar las condiciones inhumanas en que laboran.
El caso es que hasta hoy nadie sabe/nadie supo del destino de los recursos.
De hecho, el año pasado, a petición de la bancada panista, se integró una comisión para investigar el asunto, cuyos resultados concretos hasta hoy se desconocen.
La paradoja del caso es que la intención de tapar los "pocitos" se revive a la vera de cada escándalo.
Así al registrarse en febrero de 2011 un derrumbe en otra mina localizada en Múzquiz, en cuyo escenario murieron dos trabajadores.
Estamos hablando de la mina "Lulú".
El peritaje demostró que el recinto carecía de hidrantes, salidas de emergencia y sistemas de comunicación y de transporte para emergencias.
Al fragor del escándalo surgió el nombre del propietario: Salvador Kamar Apud, ubicado, con las familias Guadiana y Tijerina, como los grandes acaparadores del carbón utilizado por la CFE para sus rudimentarias plantas productoras de energía eléctrica.
La promesa de investigar se repitió a la letra en mayo pasado, al registrarse una explosión en un "pocito" de Sabinas propiedad de la empresa Beneficios Internacionales del Norte.
Ninguna higiene y seguridad. Ningún trabajador inscrito en el Seguro Social. Trabajadores obligados a ingresar a un agujero no mayor en su diámetro de un metro con 20 centímetros.
Lo cierto es que si contabilizamos a las minas de carbón, el escenario de muertos se eleva a 150.
Ahí está, como monumento a la impunidad, la mina de Pasta de Conchos propiedad del Grupo Minero México del "rey del cobre", Germán Larrea Mota Velasco, con sus 60 cadáveres en sus entrañas.
¿Ahora sí, caiga quien caiga?
BALANCE GENERAL
Desmentida por la empresa de transporte de valores Tameme el que esté involucrada en un desfalco por 551 millones 700 mil pesos en perjuicio del banco BBVA Bancomer, hete aquí que el denunciante acaba de recibir las pruebas conducentes.
Estamos hablando del diputado Alejandro Sánchez Camacho.
Los documentos, entregados por los propios trabajadores de la empresa, están certificados por el notario 121, Armando Mastachi Aguario.
Estamos hablando, entre otros, de una carta del apoderado de Bancomer, Manuel Hernández Acosta, quien le pone en antecedentes del faltante en bóveda de la firma transportista a la Aseguradora Atlas.La razón del aparente acto de deslealtad es que los trabajadores rechazan ser involucrados injustamente en la sustracción realizada por la firma para cubrir otras deudas.
El abogado de Bancomer le insiste en la misiva a la firma aseguradora que le reditúe el faltante, al que califica de "pérdida por infidelidad".
La empresa se niega a cubrir el daño.
Lo curioso del caso es que colocada la denuncia en la mesa por el legislador, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Jaime Ruiz Sacristán, la había negado.
SME A LA CORTE
La intención del gobierno, luego de la impugnación colocada en la mesa por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) contra una resolución judicial que declara a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, es llevar el asunto a la Suprema Corte.
El escenario, al que la Junta Federal de Conciliación no le ha dado trámite, coloca al gobierno de espaldas a la pared, dado que la paraestatal está obligada a recontratar a los 17 mil afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas que no han recibido su liquidación… o liquidarlos de acuerdo a la ley.
El reclamo de los trabajadores plantea el pago, de entrada, de salarios caídos en los tres años que lleva el cierre de Luz y Fuerza del Centro, lo que implicaría una erogación de 14 mil millones de pesos.
CRECE TOTALMOVIE
Ideada como una alternativa para los usuarios de internet que deseen ver videos sobre pedido, lo mismo en inglés que en español o portugués, la empresa Totalmovie del Grupo Salinas ha alcanzado un crecimiento espectacular.
Su oferta engloba lo mismo las producciones de Hollywood que las de los productores independientes, pasando, naturalmente, por las de casa y las regionales.
La clientela en América Latina, alcanza ya 1.9 millones.
La posibilidad se agigantó a la compra de la firma Sezmi Networks de San José California, que le permitió adoptar tecnología de punta lista para integrarse a cualquier operador móvil.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
Barrancoalberto@prodigy.net.mx
