Las mismas declaraciones llegan siempre que hay una tragedia en las peligrosas minas de carbón del norte de Coahuila. Autoridades estatales y federales repiten las promesas hechas en el anterior accidente: se revisarán las medidas de seguridad, se reforzarán las inspecciones, se aplicarán sanciones a las empresas.
Las declaraciones son válidas hasta que sucede el siguiente accidente. Así fue la semana pasada cuando siete personas murieron en una explosión en una mina de Múzquiz. Fue el tercer accidente fatal del año en minas de carbón.
La respuesta de la Secretaría del Trabajo y del Gobierno de Coahuila fue similar a la que dieron hace un año cuando 14 trabajadores murieron en otro accidente y similar a las que se han dado en otros casos, incluyendo la tragedia de Pasta de Conchos cuando murieron 65 mineros en 2006.
Sin embargo, nadie tiene la intención de pasar de las declaraciones a la acción. Aunque la Secretaría del Trabajo reforzó las inspecciones a las minas, el pozo donde ocurrió la explosión de la semana pasada fue abierto luego de que la empresa Mineral El Progreso fue objeto de dos clausuras. Es decir, cuando las autoridades cerraron un pozo por inseguro, la empresa simplemente abrió otro con las mismas deficiencias de seguridad.
A la negligencia de las empresas mineras y de la Secretaría del Trabajo se suma también la de los compradores de carbón, que no obligan a los productores a cumplir normas de seguridad como condición para vender el mineral.
La Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, un organismo del gobierno estatal, sirve como intermediario para que pequeñas empresas vendan alrededor de un millón de toneladas de carbón al año a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad en Nava.
Los clientes de Prodemi son los llamados “pocitos”, los sitios de extracción de carbón más inseguros que hay pues a las empresas no les interesa invertir en protección. Estos son los escenarios de la gran mayoría de los accidentes trágicos en la región Carbonífera, pero hasta ahora Prodemi no se ha interesado en impulsar una mayor cultura de seguridad entre las empresas a las que compra el carbón.
La Promotora es también una de las dependencias más opacas del gobierno estatal, sobre todo desde 2010 cuando pasó al control del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila y era manejado por Javier Villarreal, hoy prófugo de la justicia acusado de fraude en la contratación de créditos.
La CFE es también responsable de la nula seguridad en las minas. Al ser el comprador final del carbón, la paraestatal tiene el poder para condicionar la compra del mineral a empresas que cumplan con la protección de sus trabajadores.
Pero el negocio del carbón es una actividad millonaria en el norte de Coahuila y ante las posibilidades de hacer negocio, la seguridad de los trabajadores va en último lugar y las autoridades sólo la recuerdan cuando ocurre una tragedia.
