Colocada como su principal meta en materia social, hete aquí que la promesa del presidente Felipe Calderón de alcanzar una cobertura universal en materia de servicios de salud se quedó en el colosal archivo de pendientes… con 40 millones de mexicanos en la "cola"
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en 2010, el porcentaje de derechohabientes en la materia, bajo la totalidad de las modalidades existentes, creció en la última década de 40.1 a 60.6% de la población, lo que representaría 72.5 millones.
El caso es que ésta alcanza 111 millones 336 mil mexicanos, lo que implica la marginación de la cantidad señalada.
Lo grave del caso es que la cobertura es proporcional al poder adquisitivo de la población. A mayores recursos, mayor posibilidad.
De hecho, de acuerdo al documento "La docena trágica: números rojos escritos en azul", redactado por un grupo de empresarios medianos, sólo cerca de 12% de los jefes de hogar más pobres tiene acceso al IMSS, y apenas 1.2% al ISSSTE.
Más allá, cerca de 45% de las familias ubicadas en el decil de ingreso más bajo del país únicamente tiene acceso a los servicios proporcionados por la Secretaría de Salud y el programa IMSS Oportunidades.
En contraste, 50% de los hogares con mayor nivel de ingresos recibe atención del ISSSTE, IMSS, Pemex, Defensa Nacional, Marina, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y, en una menor proporción, de la Secretaría de Salud y el Programa IMSS Oportunidades.
La inequidad se manifiesta también en la distribución de los recursos públicos entre las entidades del país, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación.
Lo grave del caso es que el sector ha ejercido el mayor presupuesto de la historia.
En contraste, las cifras hablan de retroceso. México, para no ir lejos, tiene un nivel de mortandad infantil tres veces superior al del promedio de las naciones afiliadas al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Estamos hablando de 4.7 fallecimientos por cada mil nacimientos.
"Gastar más -concluye el documento- no es gastar mejor. Y el incremento en el gasto público no releva de responsabilidades al gobierno de su pobre y racional ejercicio".
Y más: "Algo falla en la ecuación: a mayor gasto público en salud no corresponde un impacto de mayor calado en el sistema y en la calidad de servicios que ofrece".
Ahora que, parte del problema se podría explicar por el exceso de burocracia.
Hete aquí que de cada peso destinado al sector, 10 centavos se gastan en administración, en contraste con países como Hungría, Dinamarca o Turquía, cuyo monto apenas alcanza un centavo.
Mientras en Chile, Fensa, la aseguradora pública, tiene un costo administrativo de 4% de cada peso, en México tanto el IMSS como el ISSSTE alcanzan casi 20%.
El documento critica además lo que se califica como política de coyuntura que provoca la desarticulación del sistema, en un escenario en que la política social de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón sólo respondió a rendijas, sin un eje articulador.
"La alternancia de la Presidencia de la República abrió la posibilidad de impulsar y concretar grandes transformaciones. Pero no hubo capacidad, visión estratégica o convicción política para llevarla a buen puerto. La complejidad desbordó las premisas e imprevisiones de los hombres del cambio. El presidente y su círculo más cercano coagularon el cambio".
Realidad mata discurso.
BALANCE GENERAL
El gozo de los accionistas del Grupo Aeroportuario del Pacífico se fue al pozo al derribar el juez 50 de lo Civil del Distrito Federal los acuerdos tomados en una asamblea de accionistas celebrada el 25 de septiembre pasado, a solicitud del Grupo México.
Estamos hablando de una reducción de capital que se prorratearía entre los accionistas; de la posibilidad de un relevo de accionistas en el corto plazo, y de eximir de responsabilidades a los salientes frente a posibles decisiones ilegales.
La vela en el entierro de la firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco, es su adquisición en los mercados de capitales internacionales de 32.3% del capital del consorcio.
Al no estar representado éste, no se integró el 75% del capital reclamado para el quórum.
Como usted sabe, el pleito deriva de una prohibición estatutaria de la empresa que le impide a cualquier persona física o moral acumular más de 5% del capital, lo que se opone a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores.
De hecho, el juez de la causa está ordenando, en paralelo, la modificación de los estatutos.
El sesgo nace de la forma en que se privatizaron las terminales, planteándose dos paquetes accionarios, A y B. El primero, equivalente a 15% del capital, tendría el control.
El 85% restante se colocó en los mercados.
BLINDAN A NAPOLEÓN
Hete aquí que ante la posibilidad de que el gobierno insista en la extradición del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, tras revivirse una orden de aprehensión en su contra por supuesta malversación de 55 millones de dólares entregados por el Grupo Minero México para prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea, la poderosa United Steelworkers lo está blindando.
El organismo laboral, representado por Leo W. Gerard, ha amenazado con hacer huelga en Canadá si el gobierno de ese país accede a la presión.
La también poderosa central obrera estadounidense AFL-CIO, encabezada a su vez por Richard Trumka, ha ofrecido su apoyo incondicional. La amenaza concreta habla de paralizar las minas de los dos países.
APAGÓN BALÍN
Avalada por la Suprema Corte una decisión presidencial para adelantar el Programa de Transición Digital, es decir, el cancelar la televisión analógica para dar paso a la digital, lo cierto es que la Comisión Federal de Telecomunicaciones no está preparada aún para la tarea, lo que explica el que se le lance la bolita a Televisa y Televisión Azteca.
Aunque las televisoras han colocado amparos frente a la medida, éstos apuntan básicamente a la metodología, no a los tiempos en que se debe realizar el apagón.
Como recordará usted, la propia Cofetel demandó a Azteca cuando había puesto a la venta un aparato codificador para permitir la recepción de señal digital.
El caso es que ahora el gobierno debe garantizar el acceso de la población a aparatos similares, para evitar quedar a oscuras en transmisiones.
Por lo pronto, la primera ciudad que entraría al esquema, Tijuana, a escasos seis meses de la puesta en escena no lleva avance alguno. Vamos, ni siquiera se ha lanzado la licitación para los codificadores, o alguna campaña de sensibilización a la población.
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