La Procuraduría General de la República (PGR) se niega a reparar los daños ocasionados a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron encarceladas desde 2006 por el secuestro de seis agentes federales, en Querétaro, y que obtuvieron su libertad al demostrarse los procesos irregulares al que fueron sometidas.
Las mujeres ñha ñhus (pueblo indígena en Hidalgo) solicitaron desde 2010 la reparación del daño a la PGR, pero “a más de dos años después de la petición y con la nueva administración federal, la Procuraduría se niega a responder a tres mujeres que han sido víctimas de criminalización debido a su adscripción étnica y a quienes intentó juzgar por un delito que no cometieron”, denunció el Centro Prodh.
La organización recordó que las instancias federales que estudiaron el caso reconocieron que durante el juicio que se les siguió a Jacinta, Alberta y Teresa “se utilizaron falsos testimonios de los policías, múltiples contradicciones entre los testimonios de los agentes federales y frente a otros testigos y la consignación de la averiguación previa sin tener suficientes elementos de prueba; entre otras irregularidades que les llevaron a concluir que no existían elementos suficientes para demostrar su responsabilidad en los hechos que se señalaron”.
Por ello, el Centro Prodh considera que “esta respuesta por parte de la PGR no abona a la construcción de mecanismos idóneos y eficaces para brindar justicia y reparación a las personas que han sido víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos ocasionados por organismos del Estado”.
Jacinta presentó la reclamación de reparación del daño en septiembre de 2010, después de que fue condenada a 21 años de cárcel, pero después fue liberada debido a que la propia PGR presentó conclusiones no acusatorias en cuanto al supuesto secuestro de los agentes federales.
En el caso de Alberta y Teresa–excarceladas en 2010, después de que la Suprema Corte ordenó su libertad-interpusieron el recurso de reclamación en abril de 2011.
“En los dos casos la PGR se ha negado a reconocer públicamente la inocencia de las tres indígenas, provocando una revictimización de las mismas”, denunció la organización.
Explicó que la petición de reparación de daños interpuesta por las mujeres ñha ñhus tiene como base jurídica la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
“En el caso de Jacinta, Alberta y Teresa la exigencia es que sean resarcidos los daños económicos y psicológicos ocasionados por el actuar irregular de la PGR. Dichas irregularidades fueron señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su momento, y aceptadas tácitamente por la propia PGR al desistirse de su acusación contra Jacinta”, añadió.
