El amparo promovido por Alfredo Arango García, ex secretario de Salud de Puebla acusado y encarcelado por enriquecimiento ilícito, fue negado por un juez federal, por lo que el ex funcionario cumplirá su condena carcelaria.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla informó que el juzgado reunió los requisitos constitucionales que prueban el incremento ilegal de la riqueza del ex secretario por lo cual negó el amparo promovido por su defensa.
De acuerdo a la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región bajo el amparo auxiliar 97/2012, derivado del juicio de amparo 65/2012, el auto de formal prisión girado contra Arango es legal.
Los elementos probatorios acreditan la responsabilidad de uno de los personajes más cercanos al ex mandatario Mario Marín Torres, en el delito de enriquecimiento ilícito.
En las investigaciones se detectó "riqueza ostensible y notoriamente superior" a los bienes reportados por Arango en sus declaraciones patrimoniales.
Hubo además irregularidades pues las declaraciones estaban incompletas pues el marinista ocultó la existencia de bienes muebles e inmuebles así como cuentas bancarias a su nombre.
El documento cita textualmente: "Previo a privar de la libertad a los gobernados debe seguirse en su contra un proceso en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual se realizó en el presente asunto, dado que se recibió la declaración preparatoria del quejoso, en la que previamente el juez responsable le hizo de su conocimiento los derechos que establece el artículo 20 Constitucional, se le tuvo nombrando a su defensor particular; también se le hizo saber que se avalaron además: ‘signos de riqueza ostensible y notoriamente superiores’”.
Alfredo Arango García fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel el pasado 12 de enero, cuando la PGJ cumplió una orden de aprehensión girada por el delito de enriquecimiento ilícito, marcado por la ley como grave y sin derecho a obtener la libertad bajo caución.
Según la ley, podría pasar de dos a 11 años en prisión además de ser inhabilitado para desempeñar cargos públicos.
Este sujeto formó parte de la famosa "burbuja marinista", un grupo de funcionarios cercanos a Mario Marín y criticados por gestiones opacas en las distintas dependencias que encabezaron.
