El gobierno del estado fijó su postura e informó el número de propiedades que tiene el mandatario y anunció que los documentados presentados por un diputado del PRD fueron 'mutilados'. (Archivo)
Tras una denuncia pública del diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Mendoza Maldonado sobre el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador Miguel Alonso Reyes al mostrar documentación que avala la compra de un rancho recientemente, el gobierno del estado fijó su postura e informó el número de propiedades que tiene el mandatario y anunció que los documentados presentados por el legislador fueron “mutilados”, por tanto, se iniciará una investigación penal contra éste por falsificación de documentos.
En tribuna, el diputado local Juan Mendoza en diversas ocasiones ha denunciado “corrupción, abuso de poder y enriquecimiento” del mandatario y en esa ocasión mostró una copia notarial de la compra-venta en diciembre de 2011 de un predio ubicado en la Ex-Hacienda de Malpaso, en el municipio de Villanueva con una superficie de 35 hectáreas, 18 de huertas y el resto de agostaderos y mencionó que tuvo un costo muy alto y valioso.
En conferencia de prensa, el contralor Guillermo Huizar Carranza afirmó que esa denuncia era “tendenciosa y manipulada” contra el gobernador.
Informó que de 1998 a 2011, el mandatario ha entregado 14 declaraciones patrimoniales que informan de siete propiedades que en total tiene un valor de 5.9 millones de pesos, entre las que figura este rancho en cuestión con un valor de un millón 860 mil pesos.
El contralor aseguró que la adquisición de estos bienes inmuebles tiene sustento legal, porque se demuestra la capacidad económica para adquirirlo de acuerdo a los recursos percibidos de manera legal en diferentes cargos en todos estos años. También refirió que actualmente, el mandatario tiene un sueldo aproximado de 85 mil pesos mensuales, pero como no tiene dependientes económicos, en todo su ejercicio público permite ahorrar para dichas compras.
Después de esta explicación, el procurador Arturo Nahle García dijo que tras la denuncia del diputado Juan Mendoza, la fiscalía está obligada a iniciar una investigación de oficia por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito de un servidor público.
Sin embargo, afirmó que tras analizar la documentación oficial se encontró que no hay elementos para acreditar este delito, ya que el Código de Procedimientos Penales establece que se presumirá que existe enriquecimiento ilícito, cuando el servidor público no pueda acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre se conduzca como dueño, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En cambio, dijo que la misma denuncia pública en la que el diputado mostró una supuesta copia del oficio notarial de la propiedad se constató que el legislador “mutiló” en el escrito la parte donde se especifica el valor de la finca, por tanto, dijo que se incurrió en el delito de falsificación de documentación y éste también se persigue de oficio.
Aseguró que en el mismo Código de Procedimiento Penales se especifica en el Artículo 221 que este delito se comete cuando se altera un documento verdadero, después de concluido y firmado, cuando añada, enmiende o se borre “todo o en parte una o más palabras o cláusulas”.
Ante esto, el procurador anunció que se ha abierto esta investigación contra del diputado y posiblemente en una semana se integre el legajo de investigación para presentarlo ante el juez correspondiente para que determine la acción penal correspondiente.
El fiscal aseguró que de acreditarse el delito si se puede actuar contra el diputado Juan Mendoza, ya que se solicitaría un proceso de desafuero.
