No es culpa de la Corte, dice HRW

Es injusto intentar "pasarle la cuenta" a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de las irregularidades y vicios cometidos por la policía en el caso Florence Cassez, cuando las autoridades son las que les han fallado a las víctimas al no respetar el debido proceso, por lo que no es correcto que ahora intenten refugiarse en los derechos de los agraviados para justificar las violaciones a derechos humanos que el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar hizo evidentes.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en entrevista, aseguró que no se pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas en nombre del combate al delito. En todos los casos "los derechos de las víctimas y de los inculpados forman parte de una misma ecuación".

Ante la polémica desatada por la propuesta de Zaldívar de liberar a Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, ya que se violaron sus derechos fundamentales, tales como retrasar la notificación consular por ser una detenida extranjera, dilación para presentarla ante el Ministerio Público y hacerla participar en un montaje de su captura para televisión, el experto analizó el caso.

Aseguró que ésta debe ser una llamada de atención para las policías mexicanas y el aparato de justicia en general; es un mensaje de que "se tendrá que pagar un costo si actúan sin apegarse al debido proceso, que los resultados mediáticos y espectaculares para salir en pantalla es no garantizar justicia para las víctimas, y deben corregir su actuación".

El secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante la captura de Cassez, afirmó el 10 de marzo pasado que "en la atención de casos de secuestro, cuando los minutos son cruciales, la prioridad siempre es proteger la vida de las víctimas".

Vivanco aseguró que "esta visión no es sólo una simplificación, es de la mayor injusticia. En este caso lo que hace falta es admitir y entender que los errores que han cometido son de tal gravedad para el debido proceso que deben tomar precauciones serias en su conducta, que aquí los que han fallado a las víctimas son justamente aquellos servidores públicos que tienen la obligación de ampararles".

El experto de HRW reiteró que el caso Cassez es la oportunidad para que las policías y el aparato de justicia enmienden deficiencias, para que la ciudadanía exija mayor profesionalismo en su actuar.

Añadió que las policías "cuentan con tan baja credibilidad incluso a nivel internacional porque buscan soluciones de atajo, espectaculares y en este caso fue lo que pasó, decidieron alterar los hechos y pretender que la detención se estaba dando en vivo", dijo.

Vivanco consideró que el proyecto de Zaldívar es impecable, pues se debe entender que cuando "hay violaciones a la presunción de inocencia, a la escena del crimen, que es evidente cuando por un afán de publicidad se monta una escena para exhibir resultados, toda esa manipulación afecta el derecho a la defensa de una persona, el derecho al debido proceso y eso tiene un impacto en la decisión de fondo".

Señaló que si al final la decisión fuera dejar a Cassez en la cárcel y no importe que se hayan violado normas procesales, "no sólo estaría en contradicción con los estándares internacionales sobre derechos humanos, sería el peor favor que se le puede hacer al aparato judicial".

 PIDEN RESPETO Isabel Miranda de Wallace precandidata del PAN a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y Ezequiel Elizalde Flores, uno de los afectados del secuestro en el que habría participado Florence Cassez, se reunieron la mañana de ayer lunes con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia para solicitar el respeto a los derechos humanos de los secuestrados.