Ayer entró en funciones una nueva Legislatura del Congreso de Coahuila, la que acompañará al gobernador Rubén Moreira durante el primer tramo de su administración.
Más reducida que las anteriores, ahora con 25 diputados en lugar de 31, la Legislatura que ayer protestó hacer guardar las leyes de Coahuila tiene el sesgo partidista más marcado desde que el PRI ganaba el “carro completo”.
Sólo tres de los 25 diputados no pertenecen al PRI o a algunos de los partidos pequeños que se adhirieron al tricolor para no perder el registro.
Esto es un mal augurio, sobre todo cuando llegan a sustituir a una Legislatura que pasará a la historia como la institución que debió, pero no pudo o no quiso, evitar la deuda de más de 35 mil millones de pesos que ahora azota a las finanzas del Estado.
Los diputados que el 31 de diciembre dejaron el cargo no se distinguieron por una gran labor legislativa, sino por el escándalo.
Fueron objeto de burlas de funcionarios que presuntamente falsificaron decretos para contratar créditos de los cuales nunca informaron. Los legisladores estuvieron a oscuras sobre las finanzas del Estado, silenciados por la arrogancia de los funcionarios a los que debían supervisar.
Y cuando el gobernador interino, Jorge Torres, con el apoyo del gobernador electo Rubén Moreira les mandó una iniciativa para regularizar la deuda, la mayoría de los diputados dijo “sí, señor”.
Antes de entrar en funciones, el nuevo presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza Berrueto, admitió que el grupo parlamentario del PRI no contaba con una agenda legislativa, sino que ésta sería la que marcara el gobernador.
Se entiende la declaración de un político cuya carrera floreció en un sistema autoritario, que fue líder de la Cámara de Diputados cuando el Congreso de la Unión era un instrumento más del Presidente de la República, y que fue gobernador con una abrumadora mayoría priista en el Congreso estatal que le aprobó toda iniciativa que mandó.
Pero esa declaración está totalmente fuera de lugar en un sistema político moderno. Mendoza Berrueto está dejando clara su intención de que el Congreso se mantenga como una Oficialía de Partes del gobernador. Es ingenuo pensar que la mayoría priista se va a rebelar contra el mandatario, pero la experiencia de la anterior Legislatura hace urgente la existencia de un contrapeso efectivo.
Sin duda la agenda de Moreira incluye iniciativas necesarias para mejorar la administración pública de Coahuila, cuya aprobación será positiva.
Pero, ¿qué va a pasar cuando el gobernador mande la solicitud para aprobar un crédito? ¿Qué pasará cuando el gobierno estatal decida ocultar información sobre el uso de recursos? Con base en experiencias pasadas, los nuevos diputados simplemente levantarán la mano y dirán “sí, señor”, demostrando que no han aprendido nada.
