Discrecional. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ley de Geolocalización se vuelve discrecional y no muestra límites.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad para impugnar las reformas que permiten a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías de justicia estatales localizar geográficamente, en tiempo real, equipos de telefonía móvil en la investigación de delitos.
En la demanda, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el organismo sostiene que las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones son violatorias de los derechos del derecho a la privacidad y a las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica previstas en la Constitución.
La CNDH impugnó las modificaciones legales porque carecen de limitación temporal y otorga facultad discrecional e ilimitada a la PGR y las procuradurías estatales, ya que no se prevé la intervención de jueces para que autoricen la medida, la supervisen y revoquen en su momento.
"Esta Comisión Nacional considera que las mencionadas reformas vulneran los derechos humanos de las personas, en tanto son contrarias a las tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte", afirmó en comunicado.
La adición del artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y las reformas a los numerales 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, fueron aprobadas el pasado 1 de marzo en la Cámara de Diputados con 315 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, junto con la derogación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Las reformas, conocidas como Ley de Geolocalización, plantean que el ministerio público a cargo de investigaciones sobre delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas, tiene la obligación de solicitar a los concesionarios la localización geográfica en tiempo real, de las comunicaciones relacionadas con los casos que se indagan.
La solicitud se podrá formular por simple oficio o comunicación por medios electrónicos, como ocurre con las peticiones de arraigos, cateos e intervención de comunicaciones a los juzgados federales especializados.
Sin embargo, en este caso, las reformas no obligan a la autoridad ministerial a solicitar la autorización de un juez, ni detallan las circunstancias y condiciones que se deben considerar para solicitar la geolocalización de los equipos.
