Cambio de Gobierno. Las dependencias estatales están cerrando los programas que realizan en conjunto con la Federación ante el cambio próximo en la Presidencia de la República.
Ya se está cerrando el programa de trabajo anual que estableció la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa del Estado con la Secretaría de la Función Pública ante el cambio de administración federal.
El contralor estatal, Óscar Erasmo Návar García, informó que ya se terminaron, por parte de la Función Pública, las revisiones que se hicieron a los distintos programas que se desarrollan con recursos federales y se emitieron las observaciones correspondientes, mismas que están en proceso de solventación.
"Afortunadamente han sido observaciones de carácter administrativo donde falta algún documento, alguna firma o no se les entregó en ese momento algún contrato que solicitaron", complementó.
Se contempla un plazo de 45 días hábiles para atender las observaciones que se realicen, proceso de solventación en el que se encuentran actualmente.
Asimismo, informó, desde la semana pasada se inició con la última revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb), que incluye el número de comisionados que hay en la entidad y el gasto que representan.
"El cierre del ejercicio de la administración federal conlleva que tengamos que entregar informes completos y que las observaciones que se hayan detectado se solventen", refirió el entrevistado.
Añadió que, a más tardar en octubre, deben estar resueltas las observaciones pero se prevé que en el caso de Durango, este mes estará concluido este proceso.
MAYOR PARTICIPACIÓN
El entrevistado afirmó que se busca fortalecer la contraloría social en temas como escuela para todos, la revisión de los vehículos y una mayor participación ciudadana por lo que se trabaja con la Federación de Colegios de Profesionistas para formalizar un convenio a través del cual recibirán capacitación técnica para informar sobre cualquier incidencia y mal comportamiento o servicio por parte de los servidores públicos. Otra de las prioridades es fortalecer a los municipios con una contraloría social fuerte.
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ARMANDO ACEVEDO / El Siglo de Durango
