Ante el clima de inseguridad que prevalece en el país, producto del crimen organizado, el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) formalizaron un convenio sin precedentes que permite que por primera vez candidatos a cualquier cargo de elección popular a nivel federal (excepto a la Presidencia de la República, pues la ley ya contempla seguridad personal para ellos) puedan solicitar protección a partir del inicio de su campaña.
El acuerdo para blindar el proceso electoral de este año fue suscrito por ambas instituciones el 15 de diciembre pasado, pero este viernes fue oficializado. Durante el encuentro se instaló la comisión que dará seguimiento a las acciones que se ejecuten como resultado de dicho instrumento, que incluye el compromiso del IFE para entregar a Gobernación en febrero próximo un mapa de las zonas de riesgo.
El texto no detalla el tipo de seguridad para los candidatos, pero en el caso de los aspirantes a diputados y senadores, fuentes del IFE informaron que los convenios que Gobernación suscriba con los estados serán el mecanismo para que autoridades federales y locales les brinden protección.
El documento tampoco incluye disposiciones para dar seguridad a los precandidatos.
El pasado 15 de diciembre EL UNIVERSAL publicó que el IFE requerirá al gobierno federal protección para los precandidatos presidenciales que así lo soliciten, pero ésta será “discrecional”, porque la normativa electoral no la contempla.
Durante la instalación de la comisión de seguimiento al convenio, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que “si bien no es un fenómeno generalizado, sí se han registrado hechos de inseguridad e injerencia o intentos de injerencia del crimen organizado en algunas elecciones. Debemos dimensionar este fenómeno y acotarlo”.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, afirmó que las instituciones “debemos evitar contaminar el proceso electoral con el tema de la seguridad pública”.
