El Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, instó al gobierno mexicano a investigar el caso de Israel Arzate Meléndez, pues "es un hecho probado que fue sometido a torturas por parte de miembros del Ejército para obtener su confesión autoincriminatoria" como partícipe en la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que se deben subsanar los vicios en el proceso penal en su contra.
En un comunicado, el experto de la ONU sostuvo que si en México la tortura sigue siendo usada para arrancar confesiones que son validadas en juzgados, y un hecho de esta naturaleza queda impune la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada el año pasado "será letra muerta".
Hernández Valencia viajó a Ciudad Juárez y visitó este jueves al inculpado en la cárcel, quien fue detenido en febrero de 2010, en un caso en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que fue torturado por militares para que confesara su posible participación en los hechos ocurridos el 30 de enero de ese mismo año en la colonia Villas de Salvárcar".
La CNDH estableció igualmente que servidores públicos (elementos del Ejército y de la Procuraduría del Estado de Chihuahua) "vulneraron en perjuicio de la víctima los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, por hechos violatorios consistentes en retención ilegal, incomunicación, tortura y empleo arbitrario de la fuerza".
Al respecto Hernández Valencia, expresó que "para nosotros se trata de un caso preocupante y que merece la debida atención de las autoridades así como de la ciudadanía, sobre todo en el esfuerzo que se requiere para hacer realidad y práctica la plena vigencia de los derechos humanos en México".
Sostuvo que "si la tortura sigue siendo aplicada por los responsables de brindar seguridad, si confesiones extraídas por este medio siguen siendo usadas y aceptadas como evidencia en los juicios, si los funcionarios encargados de la procuración de justicia se mantienen inertes frente a las denuncias de los torturados, si no se previene, investiga y sanciona la tortura, entonces la reforma constitucional será letra muerta".
A pesar de las evidencias de irregularidades en este caso, "no hubo acción eficaz ni remedio oportuno frente a la gravedad y magnitud de la denuncia y, por el contrario, se confirmó el pleno valor probatorio de la autoincriminación extraída bajo tortura", indica el comunicado.
Se recordó que el caso de Israel Arzate ha sido materia de examen por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria el cual, en febrero de 2012, se pronunció sobre el carácter arbitrario de su privación de la libertad ante las irregularidades en su proceso "que no le han permitido gozar de su derecho a un juicio justo".
En este caso, Hernández Valencia también indicó que repudia los hechos de violencia de Villas de Salvárcar donde perdieron la vida 15 personas y 10 fueron lesionadas. "Los derechos de estas víctimas, especialmente en cuanto al acceso a la justicia, a atención médica y sicológica y a la reparación del daño, deben ser respetados de acuerdo a la normativa constitucional e internacional sobre los derechos de las víctimas".
