General de División. Ricardo Escorcia.
Un juez federal ordenó la aprehensión del general de División Tomás Ángeles Dauahare y de otros 5 militares a quienes la PGR acusa de brindar protección al Cártel de los Beltrán Leyva.
Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en procesos penales federales en Toluca, instruyó capturar por delincuencia organizada al general de División Ricardo Escorcia Vargas y al brigadier Roberto Dawe González, así como al teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz.
Asimismo, giró la aprehensión contra el general de Brigada Rubén Pérez Ramírez, pero en este caso por delitos contra la salud en la modalidad de colaborar y fomentar el narcotráfico.
Todos los militares serán encarcelados -algunos como Reyna ya lo estaba-- por un solo delito.
Dentro de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, el juez también ordenó las capturas por delincuencia organizada de Édgar Valdés Villarreal,"La Barbie"; Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio"; Pedro Bermúdez Suaza, "El Arquitecto" y Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, "El Denis".
Los cuatro narcos ya se encontraban encarcelados cumpliendo otras condenas.
La PGR trasladó ayer a los militares, que estaban arraigados, a un penal federal para ponerlos a disposición del juez que ha instruido sus capturas.
Si bien el expediente se encuentra en el Estado de México, la autoridad puede internar a los acusados en otro centro penitenciario.
Esta es la primera vez en la historia de México que cuatro generales son encarcelados simultáneamente en un expediente de narcotráfico. Aunque Ángeles y Escorcia estaban en situación de retiro, nunca habían sido consignados dos divisionarios a la vez.
La última ocasión en que un general de División pisó la cárcel sucedió en el sexenio de Ernesto Zedillo, con Francisco Quirós Hermosillo, quien murió en el Campo Militar Número Uno el 19 de noviembre de 2006.
En tanto, el único divisionario que había pisado un penal de alta seguridad era Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue detenido en 1997.
Una vez que los militares sean puestos a disposición del juez, tendrán de 72 a 144 horas para que les definan su situación jurídica. Si el juez estima que la acusación carece de elementos, serán puestos en libertad.
Pero, si considera que los indicios de su responsabilidad son suficientes les dictará la formal prisión, lo que implica que deberán llevar un juicio privados de su libertad, pues el delito que les imputan es grave.
Detalles del caso
Todos los mandos del Ejército acusados supuestamente recibieron cuantiosos sobornos para permitir que el cártel del Golfo recibiera sus remesas de cocaína desde Centroamérica y facilitar su traslado en territorio nacional, así como para proteger las actividades de sus células, aprovechando sus posiciones de poder en las Fuerzas Armadas.
Ante la polémica que ha rodeado este caso, en el que la defensa de Ángeles Dauahare acusó ante juzgados que la SIEDO se negó a recibir incluso las pruebas de descargo -que admitió hasta el 20 de julio pasado-, la dependencia agregó en un comunicado que se desahogaron las diligencias necesarias para esta investigación "con pleno respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos contenidos en la indagatoria indicada".
