Un juez federal concedió un amparo para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investigue la muerte por bronco-aspiración de un menor de cuatro meses, ocurrida en una estancia infantil, y determine si existió responsabilidad penal del personal de la institución y de diversas autoridades.
El juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, Alberto Díaz Díaz, consideró que la decisión del Ministerio Público de no ejercer acción penal en el caso es violatoria de derechos fundamentales.
De acuerdo con la resolución, faltan pruebas por recabar para deslindar la responsabilidad penal por parte del personal de la estancia infantil y la de diversas autoridades, en lo relacionado con licencias de funcionamiento, seguridad y protección civil de dicha institución.
Por tratarse de la muerte de un bebé, se suplió la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, presentada por los padres, y se estimó que existe la afectación de su esfera jurídica; pues la indagatoria se inició para determinar si los hechos ocurridos en torno a su muerte son o no constitutivos de delito.
El menor falleció el 24 de marzo de 2008 en la estancia, al presentar presuntamente una bronco-aspiración. El Ministerio Público, al iniciar la averiguación previa, recabó un dictamen que demuestra que el fallecimiento del bebé pudo haberse evitado.
En la indagatoria se estableció que la institución no tenía autorización para operar como guardería, sino sólo para impartir educación preescolar.
El juzgador resolvió que el Ministerio Público aprobó, de manera indebida, el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa, ya que existen diligencias pendientes por recabar que permitirán esclarecer si se pudo evitar la muerte por omisiones de los directivos y docentes de la institución educativa.
También debe determinarse si existieron acciones u omisiones de diversas autoridades tanto del ámbito federal o del Distrito Federal, relacionadas con el otorgamiento y supervisión de licencias de funcionamiento, seguridad y protección civil, de la escuela, tanto del ámbito federal o correspondientes al Distrito Federal, determinó el juez.
