Regodeada la sorna panista, cuando el partido era oposición, en calificar a los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo como la "Docena Trágica", hete aquí que el escenario, bajo diversos matices, plantea el mismo encuadre en el balance de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La paradoja del asunto es que el señalamiento, la síntesis, no tiene el tufo de venganza priista o de latigazo de la oposición de izquierda. Tampoco de pedrada de sindicatos independientes. Lo hacen empresarios.
Bajo el título de "La Docena Trágica: números rojos escritos en azul", se acaba de realizar un estudio bajo la promoción del ex presidente de la Concamin, Ernesto Rubio Del Cueto y el respaldo técnico del Grupo Consultor Interdisciplinario Estrategia Política, que apunta al balance de la era panista en Los Pinos.
La conclusión habla de falta de capacidad, visión estratégica o convicción política para impulsar y concretar grandes transformaciones en la coyuntura de las alternancias.
"La complejidad desbordó las premisas e imprecisiones de los hombres del cambio. El presidente Fox y su círculo más cercano coagularon el cambio".
El texto habla de "un escenario perturbador, grave, amenazante; por un lado, la inseguridad, que multiplica la incertidumbre en todas las regiones del país; por el otro, el embate de una crisis económica que reduce drásticamente las opciones de vida, trabajo, convivencia y bienestar de los sectores mayoritarios de la sociedad: trabajadores rurales y urbanos, empleados de la administración pública y el sector privado, profesionistas y sectores medios; pequeños y medianos empresarios..."
Además, se señala que existe una concentración escandalosa del ingreso, que ubica al país entre las naciones más desiguales del planeta: un indicador que se traduce como inequidad estructural, marginación o acceso limitado a servicios básicos y derechos elementales, "por lo que se ha identificado como el principal obstáculo para el desarrollo".
Las grietas se ubican en salud, educación, pobreza, empleo y salarios.
Frente a la estridencia con que se habla de universalización de los servicios de salud pública, existen 39.8 millones de mexicanos sin acceso a cualquiera de las alternativas existentes, incluido el polémico seguro popular.
En el examen conocido como PISA que realizó en 2009 el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupó el último lugar entre los 34 países participantes en cada una de las tres pruebas realizadas.
La tragedia es integral: Cuatro de cada 10 estudiantes quedaron en niveles inferiores a "escala global de lectura"; sólo cinco de cada 10 alcanzaron los niveles mínimos en matemáticas y ciencias, lo que implica que cuatro y cinco de cada 10 no lograron "el mínimo de competencias necesarias para desempeñarse con solvencia en las sociedades contemporáneas".
Durante 2010 la pobreza patrimonial saltó del 47.7% de la población a 51.3%, es decir, de 52.3 millones de mexicanos a 57.7.
A su vez, la pobreza alimentaria alcanzó a 21.1 millones, de 20.2, es decir del 18.4% a 18.8%. En el caso de la pobreza de capacidades ésta, llegó a 30 millones, de 22.8, lo que implica subir de 25.3% a 26.2%.
De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en los últimos años el aumento de la población ocupada se ha concentrado casi exclusivamente en actividades de bajos ingresos, lo que reflejaría, en gran medida, el ya crónico bajo ritmo de crecimiento de la economía.
El estudio subraya, en otro escenario, que de las últimas cuatro administraciones sexenales en la Presidencia de la República, la que ejerció la mayor cantidad de recursos públicos totales fue la encabezada por Vicente Fox Quesada.
En promedio, durante los último 22 años la oficina del Ejecutivo ha gastado 2 mil 71 millones de pesos anuales, lo que representa 50% más que su similar en Brasil, y 84% sobre la de Chile.
La Docena Trágica. Y conste que apenas le estamos ofreciendo las primeras pinceladas.
BALANCE GENERAL
La certeza de los participantes en una licitación pública convocada por el Servicio de Administración Tributaria para venta de equipos de cómputo obsoleto apunta a que se confeccionó un traje a la medida de la empresa Cepra, propiedad de Joel Sánchez, está provocando un escándalo.
De entrada, se acusa a ésta de haber dejado cuentas pendientes en el farragoso capítulo de Enciclomedia. La inconformidad de firmas como Tata, Dell, Integradoras de Tecnología, Theos, Ofistore, El Corte Inglés, HP, Senda y Symantec se hace mayor al desdeñar la instancia sus objeciones contra Cepra en una junta de aclaraciones.
Al parecer quien realizó la maniobra para otorgarle el mayor puntaje a la empresa de la discordia fue el Administrador Central de Transformación Tecnológica del organismo, Mauricio Moreno.
OTRA VEZ AVIACSA
Colocadas en los tribunales sendas demandas y contrademandas por parte de sus accionistas, la indefinición de los jueces ha impedido que la línea aérea Aviacsa regrese a las pistas.
Como recordará usted, la firma salió el año pasado de un concurso mercantil, lo que le permitía reanudar el vuelo. Sin embargo, en el intermedio los socios de la compañía le vendieron 99.49% de las acciones a Ramón Madero Dávila en el precio simbólico de un peso… pero, naturalmente, el compromiso de hacerse cargo de las colosales deudas que habían sido reestructuradas.
Éste logró el respaldo de los acreedores al otorgarles nuevas garantías prendarias, lo que permitió la liberación de activos que habían sido pignorados.
El caso es que de pronto, cuando la mesa estaba puesta para la comida, los vendedores encabezados por Enedina Orozco Morales, se "rajaron", desconociendo el contrato mercantil firmado. Las acciones están depositadas en la notaría 125.
Naturalmente, los principales afectados son los trabajadores, a quienes ni se les liquida ni se les regresa a sus puestos.
SEGUNDO ACTO
Colocado como continuación, o mejor dicho complemento, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la reforma constitucional al Sistema Nacional de Fiscalización aprobadas por el Senado a propuesta "preferente" del presidente Felipe Calderón, el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional de Fiscalización planteado por los senadores, Armando Ríos Píter y Mario Delgado, profundiza el jaque a la rapacidad.
De entrada, se plantea la creación de un Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público con jurisdicción en los tres órdenes de gobierno.
Más allá, se dota a la ASF de facultades para evaluar, en adición del gasto, las metas y objetivos de las instancias públicas.
Habría, pues, castigo a la ineptitud.
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