En cumplimiento fiel a un rito anual inaugurado hace 15 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social se apresta a gritar sus cuitas ante el Muro de Lamentaciones, vía su Informe sobre la situación financiera y riesgos, con proa al Ejecutivo y el Legislativo.
De acuerdo al guión de la puesta en escena, primero se exhiben números con perfil de tragedia que provocan sentimientos de culpa… para después decir que el moribundo milagrosamente se está recuperando, y enterrar el escándalo en los meses subsecuentes.
La llamarada de petate anual.
Así, en el último párrafo del documento del año pasado la urgencia convocaba como prioridad de prioridades el propiciar un debate "serio e informado" en el que participarían el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y la sociedad en general, "en el cual se propongan y ponderen propuestas de solución de la problemática institucional".
Más aún, se subrayaba que "es indispensable un convenio nacional entre todos los participantes sociales, para asegurar la viabilidad financiera del Instituto".
¿Se realizó tan en secreto el ejercicio que nos pasó de noche a todos los mexicanos?
¿Se nos agotó la memoria, que no recordamos la fórmula mágica propuesta para hacer frente a un faltante de reservas de un billón 600 mil pesos para enfrentar las solicitudes de pensiones y jubilaciones de los 360 mil trabajadores del organismo?
¿Se guardó bajo siete llaves la salida frente a boquetes similares en los Seguros de Enfermedades y Maternidad, y Salud para la Familia?
Ahora que no fue ésta la única alternativa prevista que se perdió en el mundo de papel. De acuerdo al Capítulo XIII, Conclusiones y Propuestas, habría una aportación extraordinaria del gobierno federal para cubrir el costo estimado de seis padecimientos de alto impacto financiero.
Estamos hablando de diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer cervicouterino, cáncer de mama y síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH, conocido como sida.
El déficit del presupuesto para atender estos padecimientos en proyección 2012-2050, alcanza el 13.3 por ciento del Producto Interno Bruto.
La aportación oficial reclamada era de 53 mil 391 millones.
Más allá, se hablaba de una aportación gubernamental equivalente a una cuota de 7.485 por ciento de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por derechohabiente, para fortalecer el Seguro de Salud para Estudiantes.
Y si le seguimos, se planteaba ajustar las cuotas para el Seguro de Salud para la Familia, a fin de evitar profundizar el colosal desfase entre ingresos y egresos, lo que requeriría reformar el artículo 242 de la Ley del Seguro Social.
La solicitud jamás llegó al Congreso.
El mayor inaudito, empero, es que en afán de evitar un conflicto sindical con elecciones en puerta, el Instituto negó la posibilidad, barajada con el Consejo Técnico, de borrón y cuenta nueva en el Contrato Colectivo de Trabajo, es decir liquidar a los trabajadores del organismo y luego recontratarlos bajo condiciones distintas.
En paralelo, se negó otra de las propuestas colocadas en la mesa hace dos años, de incrementar las cuotas patronales y la aportación de los derechohabientes al fondo de retiro.
En el camino se siguieron planteando paliativos con perfil de suicidas. Estamos hablando de utilizar los superávit de algunos seguros para llenar los boquetes de otros.
Estamos hablando, concretamente, de los remanentes de los Seguros de Riesgos de Trabajo y de Invalidez y Vida.
Según ello el drenado sería temporal… alcanzando hasta el 2014.
El ejercicio que se había frustrado en anteriores circunstancias, al demostrarse que los supuestos superávit no eran tales. Se abrieron, pues, agujeros para tapar otros.
La paradoja del caso es que la idea de plantear escenarios transparentes ante el drama del organismo, se inició cuando el faltante de recursos para atender las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores alcanzaba 600 mil millones de pesos.
Se calcula que para este año el boquete ya haya alcanzado el triple.
El juego del Tío Lolo, que se vuelve aún más patético ante la inevitable derrota electoral del partido en el poder.
¿Le dejarán la mecha prendida al que llegue?
BALANCE GENERAL
En lo que constituye un nuevo round entre Teléfonos de México y las televisoras, Telcel, filial de la primera, está acusando a Televisa y Iusacell de consumar en los hechos su matrimonio para pelear en el mercado de banda ancha y telefonía móvil.
La denuncia se apuntala en que la firma de Emilio Azcárraga Jean ya coló en el Consejo de Administración de GSF Telecom Holdings, la razón social de Iusacell, a uno de sus ejecutivos.
Como recordará usted, el 24 de enero pasado la Comisión Federal de Competencia negó la concentración de las firmas.
Planteada una primera denuncia en febrero pasado, el pleno del organismo antimonopólico resolvió que no había elementos para castigar la supuesta infracción. Sin embargo, Telcel planteó un recurso de reconsideración que está por ventilarse.
Se calcula que la semana próxima la instancia resuelva otro, éste planteado por Televisa y Iusacell, frente a la negativa de licencia de casamiento, bajo el alegato de que podría haber inercias entre las televisoras, considerando que la firma de telefonía móvil es filial del Grupo Salinas, dueño de Televisión Azteca.
SABRITAS EN LLAMAS
El ataque sistemático, casi quirúrgico, a instalaciones donde se producen y distribuyen productos Sabritas, con el objetivo puesto en sus camiones, coloca al Gobierno Federal en posición incómoda.
No es lo mismo el reclamo de los dueños de gasolineras, tlapalerías, casinos, por destrucción de sus negocios al no ceder a la extorsión del crimen organizado, por más que de la ola no se han salvado las tiendas Oxxo de Femsa o las Extra del grupo Modelo, al de una multinacional.
La marca es propiedad de Pepsico, la matriz de Pepsi Cola en el planeta.
El golpe de audacia de los grupos delictivos refleja, nítidamente, el fracaso de la inteligencia del gobierno, dado que los transportes de la firma habían sido usados como "camuflaje" para llevar militares o fuerzas de la Policía Federal Preventiva a lugares dominados por el hampa.
O qué, ¿no era previsible la represalia?
DEGRADAN A AXTEL
Argumentando una caída en su participación de mercado y un desempeño financiero débil, la calificadora de deuda Standard & Poor's degradó la calidad crediticia de la empresa Axtel.
De B cayó a -B, con perspectiva negativa.
La firma telefónica de Monterrey, dueña de Alestra, tiene su mayor nicho en los contratos corporativos.
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