Construir seguridad, incrementar las posibilidades de convivencia en el espacio público, es uno de los principales temas pendientes del estado mexicano. Al respecto, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, ha comenzado a mostrar sus cartas. Su primera iniciativa va en sentido contrario de la estrategia planteada por las administraciones panistas. Frente al modelo desconcentrado existente en la actualidad, el próximo primer mandatario propone la concentración de las facultades de seguridad bajo el mando de la Secretaría de Gobernación. Su principal asesor en el tema, el general colombiano Óscar Naranjo, ha sugerido la necesidad de desmilitarizar la lucha contra la delincuencia, para que las instituciones civiles recuperen la rectoría sobre la estrategia. En términos prácticos, Peña Nieto propone la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y una eventual salida de los cuerpos castrenses de las calles. Sobre este último punto, hasta ahora no hay una fecha definida.
A simple vista, el modelo que plantea el priista es un regreso al esquema imperante antes de la llegada de Fox a la Presidencia de la República. A las actuales facultades de control migratorio, coordinación política, protección civil, regulación de medios de comunicación y cultos religiosos, fortalecimiento de las instituciones democráticas, vigilancia de casas de apuestas, manejo de archivo y base de datos, sistematización de leyes, tratados y decretos, y conducción de aparatos de inteligencia y seguridad nacional, se sumarían las labores de prevención, investigación y persecución del delito, que hoy recaen en la Secretaría de Seguridad Pública. Además de esto, Peña Nieto contempla hacer de la Segob el ministerio rector de la totalidad del gabinete. Es decir, casi una vicepresidencia.
El objetivo expreso del futuro presidente es "poner orden" en el tema de la seguridad interna. Esta aseveración puede interpretarse como el fracaso del modelo actual, frente al incremento de la violencia y las actividades de los grupos delincuenciales, quienes, a pesar de los golpes dados por el gobierno, no han disminuido su capacidad de causar daño a la ciudadanía. Incluso, en casi todos los estados de la República, esa capacidad ha aumentado y se ha diversificado. Ya no se trata únicamente de grupos que producen, transportan, distribuyen o venden drogas, y que utilizan el asesinato sólo como ajuste de cuentas, sino que ahora se dedican también a atacar a la población en general matando, secuestrando, extorsionado y robando.
Con este viraje en la estrategia de seguridad, Peña Nieto pretende mostrarse sensible al reclamo de un sector de la opinión pública que, si bien aplaude la determinación del gobierno que está por terminar de enfrentar a los cárteles del narcotráfico, manifiesta su desacuerdo con las formas utilizadas por el presidente Felipe Calderón. Y la estadística no favorece al todavía habitante de Los Pinos. Por ejemplo, en 2006 se registró un promedio de 32 homicidios dolosos al día; en 2012, el promedio diario es de 58. En cuanto a robos, mientras que en 2006 ocurrieron en promedio 1,493 al día, en 2012 son 1,962 diarios. El dato se torna más preocupante si consideramos que hace seis años el 27 por ciento de los latrocinios se cometía con violencia y hoy es el 32 por ciento.
Uno de los estados en donde se observa más los efectos destructores del crecimiento de la delincuencia es Coahuila. Desde 2007, la criminalidad en la entidad, y sobre todo en La Laguna, no ha dejado de crecer y ha alcanzado incluso a las altas esferas del poder político y económico. Frente a esto, el gobierno estatal, en manos de la familia Moreira desde hace siete años, ha planteado distintos esquemas de combate a la delincuencia, los cuales han fracasado.
El exgobernador Humberto Moreira propuso hacer eco de la estrategia calderonista militarizando las corporaciones municipales con el llamado modelo Coahuila. Luego aplicó la receta propuesta por el polémico Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, de concentrar bajo un solo mando las tareas de vigilancia y procuración de justicia. Y creó entonces la Fiscalía General del Estado, con los resultados que todos conocemos. Incluso, varios funcionarios que pertenecieron a ella hoy son investigados junto a elementos castrenses y de la Procuraduría de la República por pertenecer a una presunta red de protección de criminales.
Rubén Moreira, por su parte, desapareció la Fiscalía y volvió al modelo bicéfalo de procuraduría-secretaría, sin lograr hasta ahora los resultados esperados por la ciudadanía. En el reporte más reciente del Observatorio Nacional Ciudadano, Coahuila aparece entre las cinco entidades en donde se ha registrado un mayor repunte de la delincuencia en el presente año. Luego de la renuncia de Jorge Luis Morán como secretario de Seguridad, el gobernador ha demorado en designar a su sucesor y ha planteado que replicará el modelo propuesto por Peña Nieto. Es decir, la SSP desaparecería y la Secretaría de Gobierno absorbería sus funciones. De concretarse, éste sería el cuatro esquema de seguridad aplicado en la entidad en seis años.
Si bien es cierto que hay varios factores que explican el fracaso gubernamental en el objetivo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, como la transformación de las estructuras de poder, el insuficiente crecimiento económico, el estancamiento del modelo educativo, y la pulverización de los grupos criminales, existen dos en los que las autoridades deben actuar con prontitud, a saber: la corrupción de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia y, sobre todo, el soslayo hacia el ciudadano a la hora de desarrollar las estrategias.
Más allá de la obviedad de que resultaría funesto que con el nuevo modelo propuesto por Peña Nieto, y que intenta replicar Moreira, se volviera a las viejas prácticas de persecución y espionaje político a la usanza del priato, el viraje que pretende dar el próximo gobierno federal y la actual administración estatal debe considerar mecanismos eficientes de supervisión y control para evitar que la infiltración y corrupción sigan siendo un lastre, pero, encima de todo, debe poner al ciudadano en el centro del nuevo modelo de seguridad. No hacerlo así sería apostarle a otro posible fracaso.
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