Las elecciones nos han dejado un tanto cuanto bipolares. Los medios de comunicación y las redes sociales parecen estar entre dos extremos irreconciliables: o el linchamiento de Andrés Manuel López Obrador porque se ha atrevido a impugnar legalmente los comicios presidenciales, o por el contrario la satanización absoluta del PRI por las irregularidades cometidas antes y durante el proceso electoral.
Pareciera que no hay puntos intermedios. Al final creo que las inercias acabarán por superar a las pasiones. Primero, la izquierda utilizará todos los recursos legales para impugnar un proceso a que a todas luces estuvo plagado de irregularidades. A mi juicio, López Obrador está obligado a hacerlo. Más aún, me parece que es imprescindible para depurar futuros comicios. Es evidente que nuestras elecciones siguen siendo imperfectas. Es necesario denunciar los delitos y excesos de los actores políticos y las lagunas de la ley; de otra manera estamos condenados a repetirlos cada seis años.
Las acciones legales y las protestas obligarán a los tribunales a analizar las irregularidades, ventilarlas y dictaminarlas. Es una manera de elevar la factura política a los mapaches y delincuentes electorales. Los zonas oscuras de la ley tendrán que ser revisadas por el IFE y subsanadas, en lo posible.
Por otro lado, yo no sé si las irregularidades cometidas por el PRI en estas elecciones son mayores o menores que en otras ocasiones. De lo que estoy seguro es que el IFE y luego el TRIFE le van a dar su constancia de mayoría a Peña Nieto y éste se convertirá en el próximo presidente de México. No veo posibilidades de que la indignación en las calles y en la blogosfera pueda revertir el resultado. Tampoco veo a López Obrador dispuesto a llevar a hasta las últimas consecuencias su genuina indignación. Evitó el derramamiento de sangre en 2006, cuando la diferencia era de apenas medio punto porcentual; no creo que incurra en ello ahora que se trata de un margen 12 veces mayor.
En las próximas semanas me parece que habrá que seguir insistiendo en las irregularidades. Restregárselas en la cara a autoridades y responsables. Hacer que Soriana, Monex y equivalentes se lo piensen dos veces antes de volver a ser cómplices de campañas que tuercen la ley. Por otra parte, será importante que los tribunales impongan multas verdaderamente onerosas a partidos infractores, e incluso sería ejemplar que pudieran revertir el resultado de algún senador o diputado que haya triunfado por vía extralegal.
No dejará satisfechos a los perdedores pero debemos sacar provecho de estas lecciones de cara a nuestro tortuoso camino hacia la democracia. Nuestras elecciones son imperfectas y vulnerables, pero hemos avanzado. Los comicios del 2012 dejan saldos de claroscuros, pero pueden ser útiles a condición de que abordemos sus defectos e intentemos subsanarlos. Lo que no se vale es descalificar y satanizar al que protesta, simplemente porque no se calla y no acepta una derrota en aras de la paz pública.
Y lo que sigue después
Con todo, el resultado de las elecciones deja una buena y una mala para el próximo sexenio. La buena noticia es que los riesgos de un regreso del autoritarismo que supondría el retorno del PRI han quedado conjurados por el triunfo limitado que el votante le concedió a Peña Nieto. El presidente no tendrá el control del Congreso, como se había anticipado, lo cual le obligará a negociar, no a imponer, presupuestos, nombramientos, leyes y reformas.
No es poca cosa. Muchos temíamos que el regreso del PRI con carro completo, como amenazaban las encuestas, generaría un retroceso mayúsculo en la incipiente democracia mexicana. El rancio grupo político del que proviene Enrique Peña Nieto y los dinosaurios que les rodean, no auguraban un gobierno de mucha apertura, digamos.
La mala noticia es exactamente la misma. Los márgenes presidenciales estarán tan acotados como los de Fox o los de Calderón, con lo cual el riesgo de la parálisis y la ineficacia se podrían extender un sexenio más.
Los poderes de facto inundaron el espacio público cuando cayó el presidencialismo a ultranza a mediados de los noventas. Monopolios, gobernadores, sindicatos, crimen organizado, medios de comunicación y billonarios adquirieron un poder desmedido ante la ausencia de un árbitro general, como solía ser el presidente. Muchos creen que es imprescindible introducir palancas y botones en el tablero presidencial para conseguir, de nuevo, arbitrar y acotar la acción de todos esos poderes reales que están fuera de control. El PRI lo intentará, pero encontrará enormes obstáculos. El principal, quizá, es la sospecha de que el propio árbitro, Peña Nieto, pertenezca ya a una de esas facciones de poder, la del gran capital. Lo sabremos en unos meses.
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