A través de los dos anteriores artículos comentamos el marco conceptual en que se presenta la participación ciudadana en México y los antecedentes sobre cómo ha sucedido específicamente en torno a la gestión del agua. En síntesis, mencionamos que durante el siglo pasado fue cuando se implementaron políticas públicas en materia hídrica, las cuales por iniciar en el período posrevolucionario implicaron una centralización desde las entidades oficiales hasta fines de la misma centuria en que cambiaron abriendo espacios a la participación de asociaciones de usuarios y organismos de la sociedad civil.
Ciertamente, a fines del siglo pasado se inició la transferencia en el manejo de la redes hidráulicas de los distritos de riego y de los cuerpos de agua subterráneos a asociaciones de usuarios, así como la creación de otros organismos de gestión hídrica a través de los cuales se abría esa participación a los usuarios y ciudadanos, aunada a la de las dependencias oficiales, entre ellos destacan los Consejos de Cuenca.
Sin embargo, la evolución de esta apertura en esos organismos y por consecuencia en los procesos de gestión del agua, ha posibilitado otorgar a las asociaciones de usuarios un mayor poder en la toma de decisiones en la planeación y ejecución de la política hídrica en las cuencas hidrográficas, cuestión que no ocurre en la misma proporción con los organismos ciudadanos, quizás porque se entiende la necesidad de que los usuarios directos o los principales usuarios son los más interesados en involucrarse en esas gestiones, o por la ausencia de una debida representación de los ciudadanos en ese ámbito (de las cuencas), ya que no en todos los lugares ocurren los mismos problemas ni la respuesta de la ciudadanía es similar, o que los organismos operadores asumen una representación más propia de los gobiernos locales que de la ciudadanía.
Además, tal parece que el esfuerzo de regular el uso del agua debe remontar rezagos y problemas que se convierten en grandes retos, en gran parte derivados de la ineficacia gubernamental que durante más de medio siglo centralizó la política hídrica nacional, tarea nada fácil porque implica elaborar una agenda del agua que enfrenta la diversidad de intereses creados en torno a las concesiones otorgadas a los usuarios; de hecho, la problemática del agua debe verse no desde un punto de vista de su disponibilidad como erróneamente se ha considerado, sino de distribución social.
Esto es lo que ocurre en la Cuenca Nazas-Aguanaval y en particular con el acuífero principal de la Comarca Lagunera: en el momento en que se realizó la distribución social del recurso mediante la asignación de las concesiones se decidió otorgar el total del volumen de agua superficial disponible al uso agrícola, por consecuencia beneficiando a los agricultores, de manera similar se asignó la mayor parte de las concesiones de extracción del agua subterránea disponible a los mismos usos y usuarios, incluso, en el caso del acuífero principal se sobreconcesionó y, según los datos oficiales, se permitió extraer ilegalmente un volumen mayor al disponible y concesionado, considerando las estimaciones de recarga.
Así, en el más reciente proceso de integración del consejo en esta cuenca, o como se dice oficialmente, en el proceso de perfeccionamiento sobre su organización y funcionamiento, al construir la Agenda del Agua 20-30 y elaborar su Programa de Gestión, los diagnósticos en que se basaron nos presenta una amplia gama de problemas por atender ante los cuales el reto principal de dicho consejo es establecer las prioridades y su factibilidad de resolución considerando la magnitud en que se presentan, en particular el daño a la población y los ecosistemas, así como los recursos financieros disponibles, de modo tal que los actores involucrados jueguen un papel definido por el interés público, que no es otra cosa que realizar un manejo sustentable de la cuenca.
Nuestra preocupación en este momento, una vez establecido el consejo con estructuras definidas y los instrumentos de planeación para implementar la política hídrica en el ámbito de la cuenca, es que no se atienda la prioridad central que es recuperar el acuífero principal que provee de agua a la población, la cual no es potable porque está contaminada principalmente con arsénico, sometiendo a todas aquellas gentes que no pueden acceder a agua potable embotellada en un proceso de envenenamiento crónico. Ciertamente, son muchos los problemas y algunos de ellos ya son atendidos, incluso con la participación de la ciudadanía como sucede con el Proyecto Irritila, pero tal parece que se continúa buscando otras opciones que resultan ser, además de parciales y onerosas como la idea de una potabilizadora, mediante las cuales a fin de cuentas sólo evaden el problema central de la gestión del agua en la cuenca y la región, por el simple hecho de que se afecta a la mayoría de la población que vive en ellas.
Quizá debamos preguntarnos: ¿por qué ocurre esto?, cuando el consejo es una estructura que ha abierto la participación a los usuarios y la sociedad civil y al cual se ha denominado ciudadano, ¿qué no debería prevalecer en su seno el interés público? La prioridad en la gestión del consejo es, de manera indiscutible, plantearse cómo recuperar el acuífero, ahí reside el interés público y una visión sustentable del manejo del agua en la cuenca y la región, y es en ella donde debe centrarse la toma de decisiones de este organismo para demostrar que vela por el interés de los ciudadanos y la naturaleza, y no por el interés particular de algunos usuarios o servidores públicos que aún no dimensionan la magnitud de la problemática que tienen enfrente.
