De no presentar esta mañana una apelación frente a un laudo arbitral que lo declaró culpable de cara a un diferendo con un consorcio de empresas que modernizaron y reconfiguraron la refinería de Cadereyta, Nuevo León, Petróleos Mexicanos estará obligado a cubrir una indemnización de 347 millones de dólares.
El asunto se deriva de un añejo reclamo pactado por la firma coreana SK Engineering, quien encabezó el contrato respectivo al lado de la alemana Siemens y la mexicana Tribasa, por supuestos vicios ocultos en éste.
El monto del reclamo equivale a poco más de la quinta parte del costo pactado por la obra, bajo el esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, es decir mil 800 millones de dólares.
El contrato fue firmado por la paraestatal en la época del ex presidente Ernesto Zedillo, en medio de fanfarrias por el precio convenido, en cuyo escenario se quedaron muy lejos empresas como el Grupo ICA y otros consorcios extranjeros.
La paradoja del caso es que en la primera fase del farragoso proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en Paris, la empresa pública había reclamado, a su vez, una indemnización de mil 100 millones de dólares, dado que las obras se entregaron inconclusas y con un caudal interminable de defectos.
Dicho con todas las letras, la firma coreana utilizó materiales de segunda mano; improvisó como soldadores a 400 jóvenes que con su trabajo "voluntario" -comida y salario mínimo-, eludían la exigencia de servicio militar con dos años de acuartelamiento, para no hablar de otra serie de inauditos.
De hecho, en la prisa por inaugurar lo que se calificó como nueva refinería de Cadereyta, antes de finalizar el sexenio zedillista, se cortó el listón cuando las plantas de transformación de petróleo crudo en gasolina apenas podrían trabajar a la sexta parte de su capacidad instalada, sin perspectiva a la vista para la operación integral de sus 32 unidades.
Y si le seguimos, aún no se concluían las plantas refinadoras de petróleo ligero, hidrosulfatadoras de naftas y reformadoras de naftas... por más que Pemex había obligado a la constructora a cambiar 306 válvulas que, a juicio de los peritos, no reunían la calidad requerida.
Naturalmente, se preguntará usted cómo pudo Petróleos Mexicanos perder el pleito cuando tenía todas las de ganar.
La respuesta es simple: al amanecer del sexenio foxista la paraestatal, vía su ex director general, Raúl Muñoz Leos, avaló bajo su firma el finiquito de las obras.
Más aún, un año antes, en este caso bajo la administración de Rogelio Montemayor Seguy, o si lo prefiere bajo la presión del ex director general de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars, Pemex firmó documentos en los que aceptaba la existencia de un posible adeudo con el consorcio coreano cuya razón social se ubicó como Comproca, por trabajos complementarios y "ajuste de cuentas críticas".
Los papeles se firmaron, concretamente, el siete de julio y el 15 de noviembre de 2000.
El reclamo concreto de SK apuntaba al desvío de la ruta del oleoducto que alimentaría las plantas de la refinería, ante la resistencia de los ejidatarios en ceder las tierras a su paso.
Digamos que Pemex se puso solito la soga al cuello... por más que en reacción tardía intentó desconocer los documentos y obligar a los coreanos a recomponer la ruina entregada... lo que los puso en posición de recurrir al tribunal internacional.
En respuesta, la paraestatal planteó la misma estrategia, exigiendo una indemnización de mil 100 millones de dólares.
El reclamo original de la firma coreana era de 650.
En el camino, la Secretaría de la Función Pública intentó un clásico ni-tú-ni-yo que conciliara a las partes, para evitar un laudo desfavorable a la causa de Pemex.
El caso es que en el camino llegarían seis resoluciones favorables al consorcio Comproca, la penúltima de las cuales exigía indemnizarla con 648 millones de dólares, en cuyo escenario apelaría la empresa pública.
Se diría, pues, que Pemex está de espaldas a la pared, por más que tras su recurso se rebajaría el monto casi a la mitad.
¿Se alarga el pleito al infinito? ¿Se le daría finalmente una aceptación a las evidencias contra la empresa pública, para buscar luego que la corrupción pague los platos rotos?
El volado es para hoy.
En lo que pareciera una página escrita por Kafka, el Consejo Coordinador Empresarial está convocando a los 80 integrantes del pleno a colocar en una papeleta los nombres de tres empresarios que a su juicio podrían tomar la presidencia que dejará vacante Mario Sánchez Ruiz.
De acuerdo al esquema previsto, de los nombres más recurrentes saldría una terna que se presentaría a la directiva, es decir los presidentes de los siete organismos que integran la institución, quienes decidirían quién es el "bueno".
El caso es que ya se designó de antemano al presidente con licencia de la Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani, para ocupar el cargo.
El ejercicio, pues, es más que ocioso, aun cuando se pretenda colocar en la mesa que en la cúpula de cúpulas sí hay democracia.
Como usted sabe, Sánchez Ruiz abandonó su pretensión de relegirse por un año más, por una diputación de partido patrocinado por Acción Nacional.
PECADO DE GUTSA
Detrás de la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación para que no se le pague al Grupo Gutsa el finiquito de su participación en la construcción de la Estela de Luz, conocida como Estela de la Corrupción, no se ubica sólo el retraso de casi dos años en la entrega de la obra, sino algo más...
El gobierno soslayó una inhabilitación a la constructora de Juan Diego Gutiérrez Cortina, al otorgarle el contrato.
Esta había llegado al incumplir en tiempo y forma la empresa con trabajos de rehabilitación de la llamada Carretera del Sol que corre de Cuernavaca a Acapulco.
El alegato de descargo de Gutsa hablaba de que había logrado un amparo contra la sanción.
Sin embargo, éste llegó semanas después de habérsele otorgado el contrato.
GOL DEL GRUPO MÉXICO
En la sorpresa de la temporada, la filial del Grupo Minero México en Estados Unidos, Asarco, le ganó un pleito a la empresa productora de cobre Sterlite, radicada en la India.
Esta deberá pagarle una indemnización de 82.7 millones de dólares.
El asunto se remite a una oferta de compra realizada por la firma en el banquillo por los activos de Asarco, firma que se había acogido al capítulo XI de la Ley de Quiebras del vecino país, que incumplió pese a la firma previa del compromiso.
De acuerdo a la Corte Federal de Bancarrotas del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, Asarco debía ser recompensada por "daños incidentales".
La dejaron, pues, como novia de pueblo.
