A sólo cuatro meses del cierre del telón sexenal, Petróleos Mexicanos prepara una suerte de borrón y cuenta nueva en su accidentada relación con la empresa Impulsora Jalisciense de la que surgió la firma de capital mixto Mexicana de Lubricantes, dejando atrás 40 litigios judiciales
El carpetazo, sujeto a aprobación del Consejo de Administración de la empresa pública, dejaría atrás casi dos décadas de agravios, entre ocultamientos de cuentas, pérdidas injustificadas, incumplimiento de contratos y decenas de etcéteras más, que en números redondos le han representado a ésta, es decir al país, una pérdida de 40 mil millones de pesos.
La fórmula derivada del clásico callejero: Nos-dimos-un-tirito-y-quedamos-como-cuates, la plantea el Comité de Auditorías y Evaluación de Desempeño de la paraestatal, encabezado por Fortunato Álvarez, alguna vez titular del órgano de control interno del tristemente célebre Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
El oficio LA-143-2010, registrado con la clave CAED-122-2011, dirigido al secretario del Consejo de Administración, Iván Aleksei Alemán Loza, plantea una nueva alternativa en la relación entre ambas empresas.
Los puntos principales del nuevo capítulo plantean, en principio, la obligación de la empresa pública de entregar una información completa de Mexicana de Lubricantes en las materias financiera, legal, contable y corporativa del costo-beneficio de la trayectoria de la inversión, "considerando tanto la etapa litigiosa como la correspondiente a la nueva relación comercial y corporativa".
Además, se pide informar sobre el posicionamiento de Pemex Refinación en el mercado de lubricantes de manera directa e indirecta y las medidas adoptadas para asegurar el conocimiento oportuno de la información en marcha.
Concluida esta etapa, lo que se presume ya se agotó, se analizaría la conveniencia o no de la participación accionaria en Mexicana de Lubricantes.
La paradoja del caso es que el visto bueno a la alternativa estaba previsto hace un año, retrasándose una y otra vez ante la madeja de intereses que está detrás de un oscuro escenario de complicidad con funcionarios de la empresa pública.
La ruta habla que de aprobarse la continuación de la sociedad, se iniciará un proceso de "normalización" sobre la base de estas partes:
-Celebración de una Asamblea General de Accionistas para la aprobación de los estados financieros, con la novedad de que sería la primera en 10 años de relación atropellada.
-Desistimiento de todos los juicios, sin reserva de acción alguna por las partes.
-Firma de un nuevo contrato de suministro de materias primas y terminación de los contratos de maquila y exclusividad de licencia de uso de marca.
(Los primeros se habían cancelado al ganar Pemex un largo litigio, sólo que la firma productora de aceites y lubricantes para automóviles se amparó; los segundos vencen en el 2013, luego de largos 20 años de vigencia).
- Apertura del mercado de estaciones de servicio, lo que obligaría a modificar el contrato de licencia de uso.
Estamos hablando de la inaudita exclusividad por 20 años concedida por Pemex, para que en las gasolinerías se vendan sólo los productos de Mexicana de Lubricantes, regalito que objetó en su momento la Comisión Federal de Competencia, y frente al cual se obtuvieron decenas de amparos por parte de particulares inconformes, entre ellos Bardhal.
- Restablecimiento de la vida corporativa bajo parámetros de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno.
El puntuario plantea también explorar la entrada de la marca Pemex Refinación de manera directa e indirecta en las más de nueve mil 500 estaciones de servicio o gasolineras que existen en el país, lo que presume desde ya, insistimos, el sí del Consejo de Administración al borrón y cuenta nueva.
El problema para el final feliz con que sueña el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, es que la Procuraduría General de la República promovió la apertura, desde 2006, de un proceso contra la Impulsora Jalisciense por administración fraudulenta que pareciera difícil de cancelar con un simple apretón de manos de los rijosos.
Y el problema, más allá, es que existe una investigación en la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros en la que se cuantifica un daño patrimonial de 25 millones 828 mil pesos a Pemex Refinación, además de que la Secretaría de la Función Pública ha determinado que en la relación de Pemex con la firma privada se provocó un daño al erario público por más de 630 millones de pesos… hasta el 2001.
Faltan, pues, 11 años de contabilizar.
¿Ya no le movemos para no provocar desunión en el país?
BALANCE GENERAL
En signo vivo de que los compromisos que pacta la Comisión Federal de Competencia son simples llamados a misa, Televisa, vía su filial "Canales de Televisión Populares", está promoviendo un amparo contra la convocatoria para permitir la llegada de una tercera cadena de televisión abierta en el país.
La solicitud de protección de la ley se lanza también contra la puesta en escena del llamado "apagón analógico", es decir, el descontinuar aparatos viejos para dar paso a la televisión digital.
Como usted sabe, una de las condicionantes que le impuso el organismo encabezado por Eduardo Pérez Motta a la televisora de Emilio Azcárraga Jean para permitirle aliarse con Iusacell para entrar al mercado de banda ancha era, justo, el que no pusiera obstáculos a la posibilidad de una nueva cadena.
La pregunta es qué va a hacer la dependencia frente a un escenario en que carece de uñas para obligar a las firmas a cumplir su palabra.
Las carcajadas se escuchan de avenida Chapultepec hasta Santa Fe.
¿Y BITAL?
En afán de sacudirse parte del lodo en que está enterrado, el banco inglés HSBC ha señalado bajo juramento que las 20 mil cuentas que mantiene en el paraíso fiscal de las islas del Grand Cayman o Gran Caimán las heredó a la compra del que fuera Banco Bital.
De hecho, se sostiene que eran 50 mil las adquiridas de la intermediaria encabezada por Antonio Del Valle, cuyo principal ejecutivo era el actual presidente de la Asociación de Bancos de México, Jaime Ruiz Sacristán.
La pregunta, naturalmente, es en dónde estaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dada la tajante prohibición de la Secretaría de Hacienda para permitir ese tipo de refugios.
De hecho en aquel entonces, hace 10 años, se publicó en el Diario Oficial una lista de paraísos fiscales con etiqueta de tabú.
El Banco Bital se vendió en mil 100 millones de dólares y las cuentas prohibidas acumulaban depósitos por 780 millones… de billetes verdes.
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