D Esde que se firmó el acuerdo de la coalición "Compromiso por México", entre el PRI, PVEM y PANAL, los priistas de varias entidades se declararon en pie de guerra, particularmente por las posiciones que la cúpula nacional tricolor decidió ceder a sus coaligados. Las posiciones que más inconformidad generaron fueron las primeras posiciones en las fórmulas en las candidaturas al Senado en Chiapas, Distrito Federal, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, ya que en algunas de estas entidades existía el riesgo de que el PRI se quedara sin representación en la Cámara Alta.
Especialmente era el caso de Chiapas y Sinaloa, donde los actuales gobernantes emanaron de fuerzas políticas distintas el priismo y, por lo tanto, existe la posibilidad de que la fórmula al Senado quedase en el segundo lugar, especialmente por los personajes que colocaría el PANAL en dichas posiciones, asegurándoles de paso su ingreso al Senado: Mónica Arriola, la hija de la dirigente magisterial y a tras mano del partido político, Elba Esther Gordillo, y su yerno y subsecretario de Educación Básica de la SEP, Fernando González.
Las otras tres posiciones se las cedieron al PVEM y aunque particularmente la de la capital mexicana también enardeció a los tricolores, la realidad es que el priismo capitalino está muy mermado y en todas las últimas elecciones los porcentajes de votación que obtienen el PVEM y el PRI en la capital no son tan dispares. Así que, al menos, en esta entidad había razones objetivas para sostener dicha concesión.
La intervención de último minuto de Pedro Joaquín Coldwell fue realmente una operación de control de daños, pues la firma del convenio de coalición ya les había provocado, al menos, las bajas de la senadora chiapaneca María Elena Orantes, quien muy probablemente será la abanderada de la coalición de izquierda al gobierno de esa entidad, y el ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, quien también tiene probabilidades de aparecer en las listas de la coalición de izquierda.
Pero la mayor preocupación de la dirigencia tricolor y el mismo precandidato único a la presidencia, Enrique Peña Nieto, era que la disidencia creciera todavía más. Así la disyuntiva para la dirigencia priista era: mantener la alianza con el PANAL o la unidad del priismo. Optaron por lo segundo.
Además, las condiciones de la negociación cambiaron sustancialmente a favor de los tricolores, entre otras cosas, porque hoy es evidente que el PANAL irremediablemente tiene que apoyar a Peña Nieto en su carrera presidencial y al PRI le puede resultar mucho más rentable sin alianza formal que con ella. Es decir, obtener casi todos los mismos beneficios, en materia de votos, sin tener que pagar los costos, en materia de posiciones legislativas y descrédito público.
En noviembre, cuando se firmó el convenio de coalición, existían mayores dudas sobre los resultados de la contienda interna panista; hoy está prácticamente definida: la candidata será Josefina Vázquez Mota, aunque habrá que esperar hasta las votaciones el 5 de febrero para formalizarlo. Así aunque formalmente Gordillo y el PANAL tendrán tres opciones, en la práctica sólo tienen a Peña Nieto, pues las pugnas entre la dirigente sindical y los otros dos candidatos son ostensibles. Aunque el PANAL tendrá formalmente un candidato a la Presidencia de la República, repetirá el esquema del 2006 e invitará a votar por Peña Nieto, como hace seis años lo hizo por Calderón.
Por otra parte, es innegable la fuerza movilizadora del magisterio y, en consecuencia, el caudal de votos que ello representa, como se manifiesta claramente en el hecho de que ha logrado obtener más del 2% de los votos emitidos en las dos elecciones federales en las que ha participado y, por lo tanto, ha conservado el registro, así como, en las múltiples posiciones electorales que tienen en los estados. Pero tampoco puede soslayarse la imagen negativa de Gordillo y, por ende, el flanco que la alianza formal le abría a sus opositores para arremeter contra el tricolor.
En estas condiciones la mejor opción para el priismo y Peña Nieto es la que hoy consiguieron: romper la alianza formal, con lo cual desactivan parte de la insurrección interna, particularmente en Chiapas y Sinaloa; y mantienen el apoyo del magisterio para la elección presidencial. En este sentido la intervención del mismo candidato presidencial, en la negociación del pasado viernes, fue para asegurarse que se sostenía el apoyo hacia su candidatura, desde luego, a cambio de posiciones importantes en el Ejecutivo, en caso de ganar la contienda presidencial.
Gordillo repite el esquema del 2006, pero con un partido y candidato diferente. En 2006, fue con el PAN y Felipe Calderón; en el 2012, con el PRI y Peña Nieto. Sabe que tiene casi asegurados un lugar en el Senado (para su hija o su yerno) y unas siete curules en la Cámara de Diputados, todos por la vía plurinominal; el resto de las posiciones (que salvo la del Senado, serán las más importantes) las aseguró, en su diálogo con Peña Nieto, en su eventual gabinete presidencial para nuevamente repetir la ruta del 2006 y colocar por esa vía a su candidato presidencial y a su grupo más cercano.
Así no hay rompimiento, sino un nuevo y más favorable arreglo para Peña Nieto, básicamente en función de que mejoraron sus condiciones de negociación; pero Elba Esther Gordillo sigue en la jugada: aportará su parte durante el proceso electoral y cobrará, si el tricolor gana la elección presidencial, a partir de diciembre del 2012.
