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La detención en Texas del extitular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (Satec), Javier Villarreal, dejó en claro el nivel de interés que existe en el gobierno de Coahuila por llevar a la justicia a uno de los artífices de la contratación ilegal de una deuda pública que continúa haciendo estragos en las finanzas estatales.
Durante casi dos meses, desde la revelación de que Villarreal no se había reportado al juzgado que lleva el proceso en su contra por simulación de actos jurídicos, la Fiscalía General del Estado se negó a admitir: que el exfuncionarios se había fugado.
Fue un error del propio Villarreal (circular en un vehículo sin placas) y la intervención de una entidad completamente ajena a Coahuila (la Policía del condado de Smith, Texas) lo que finalmente reveló su paradero, algo que la Fiscalía no pudo, o no quiso, averiguar.
No se sabe cuánto tiempo llevaba Villarreal fuera del país, pero es claro que se había movido a sus anchas para "evadir" la justicia coahuilense.
Incluso cuando la Fiscalía anunció que pidió la reaprehensión de Villarreal, no hubo ninguna acción para encontrarlo, Cuando el fiscal Domingo González Favela apenas declaraba que podrían pedir ayuda a la Procuraduría General de la República para buscarlo fuera del país, la propia PGR ya se había adelantado con una "ficha roja" de la Interpol para la localización internacional del exfuncionario.
Pero la PGR actuó sobre la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y no a petición de la Fiscalía, lo cual sugiere que la resolución judicial del escándalo por la contratación ilegal de créditos no se resolverá en Coahuila, sino en la Ciudad de México.
Por coincidencia, la revelación del arresto de Villarreal en Texas se dio al mismo tiempo que la firma Fitch Ratings degradó la calificación crediticia de Coahuila a un nivel "especulativo", lo que coloquialmente se conoce como "chatarra".
Esto significa que el problema para el gobierno del Estado es doble: no sólo continúa la pérdida de confianza para las finanzas públicas por el lastre de la deuda, sino que su credibilidad para castigar a los responsables de contratarla de manera fraudulenta ha quedado destrozada.
