Antecedente. Agentes federales en la zona donde murieron los dos normalistas de Ayotzinapa.
El titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Cuitláhuac Salinas, aclaró que la Policía Federal (PF) no es exonerada del caso Ayotzinapa, porque los elementos federales también dispararon durante el desalojo del pasado 12 de diciembre que dejó dos estudiantes normalistas muertos.
El funcionario federal enfatizó que en el lugar de los hechos sí se encontraron casquillos percutidos disparados por armas de los policías federales, pero hizo énfasis en que el objetivo primordial de la investigación no es saber quién disparó, porque "todos dispararon", sino de quiénes fueron los disparos que privaron de la vida a los estudiantes.
En ese sentido, reiteró que análisis periciales demuestran que fueron los disparos de los policías ministeriales los que asesinaron a los normalistas. En entrevista radiofónica, aclaró que la presunta culpabilidad de los ministeriales se demostró con declaraciones, peritajes y materiales probatorios diversos. E incluso dijo que la investigación de la instancia federal tiene similitudes con el peritaje realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Recordó que además por este hecho se giraron órdenes de aprehensión contra 10 personas, incluido el exprocurador guerrerense, Alberto López Rosas.
Sobre las declaraciones del exfiscal en torno a que se dice ser un perseguido político, Salinas dijo que es aventurado decir que la Procuraduría General de la República (PGR) trata de incidir en su persona, ya que fue la propia Procuraduría de Guerrero la que aportó las pruebas con las que se determinaron irregularidades en el caso Ayotzinapa.
"La Procuraduría estatal dio los elementos de lo que se hizo y qué no se hizo, así como las irregularidades", dijo
Al respecto, López Rosas, también en entrevista radiofónica, dijo que no sabe quién pudo haber declarado algo diferente a la verdad. El exprocurador, quien es investigado por presunto encubrimiento, acusó a Salinas también de encubrimiento y dijo que si alguien alteró la escena del crimen fue la "Policía uniformada".
PGJE REPROCHA FALTA DE INFORMACIóN El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, reprochó que la PGR no ha informado de las investigaciones que realiza sobre la muerte de dos estudiantes y mucho menos de las órdenes de aprehensión giradas en contra de exservidores públicos de la institución que representa.
Herrera Campos aseguró que la fiscalía estatal ha sido respetuosa del trabajo que ha emprendido su homóloga federal y que continúa el desahogo de las investigaciones de los delitos del orden común.
Cifras del caso Ayotzinapa
10
óRDENES
De aprehensión se han girado en el caso.
NORMALISTAS
Fallecieron en el enfrentamiento.
100
PLAZAS
Magisteriales demandan normalistas.
PGR tiene órdenes contra cinco líderes normalistas
Egresados de las nueve normales públicas del estado denunciaron que la PGR tiene cinco órdenes de aprehensión en contra de los líderes de su movimiento en demanda de plazas magisteriales.
Señalaron que estas órdenes de aprehensión fueron liberadas por un juez del orden federal por el delito de bloqueos a las vías federales de comunicación, por lo que temen que en cualquier momento sus compañeros egresados de las diversas normales del estado sean detenidos por elementos policiacos de la PGR.
Alrededor de un centenar de egresados normalistas del estado, desde meses atrás ha iniciado una serie de acciones de protesta en Chilpancingo, para demandar al gobierno del estado la entrega de por lo menos cien plazas magisteriales, para lo cual se han visto obligados a bloquear vías de comunicación federal, calles y avenidas de esta capital.
Según informaron los egresados, las cinco órdenes de aprensión se originaron en contra de sus líderes Reynaldo Salas Peralta, Gabriel Diego Sotelo, Nancy Bello Maciel, Sonia Sandoval Fernández y Uriel Villa Juárez, por alteración del orden público y toma de vías de comunicación federal. Por lo anterior solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), para que a través de la intervención de este órgano la PGR se desista de estas órdenes de aprensión en contra de su movimiento.
Los inconformes afirmaron que en su totalidad aprobaron el examen de oposición para la solicitud de una plaza magisterial, sin embargo aseguraron desconocer el porqué no se vieron beneficiados con un espacio en la nomina magisterial y no descartaron la posibilidad de que los espacios concursados se hayan entregado a recomendados.
