La Procuraduría General de Justicia del Estado se deslindó de la desagradable situación que vivieron los familiares de las 16 personas que murieron el sábado, en un accidente vehicular en la carretera libre a Saltillo, cuando la funeraria presentó los féretros con los cuerpos en precarias condiciones.
Fernando Olivas Jurado, delegado de la PGJE en la Región Laguna 1, explicó que el deber de la funeraria San Antonio era vestir y arreglar a los occisos según la petición de sus familiares; pero desgraciadamente, no cumplió con las expectativas.
"Nosotros realizamos un trabajo exhaustivo, desde el ingreso de los cadáveres al anfiteatro del Semefo, tuvimos la participación de cuatro médicos legistas, cuatro prosectores, seis peritos y dos ministerios públicos", señaló.
Desde el ingreso de los cadáveres a la morgue, comenzaron con las necropsias y así darle celeridad a la entrega.
Olivas se puso a la orden de los familiares de los occisos en caso de que deseen actuar legalmente contra la funeraria.
