"La asistencia de los legisladores del PAN a la toma de protesta del nuevo gobierno será definida en la próxima reunión plenaria a realizarse en agosto". El comunicado del presidente del partido, Gustavo Madero, revela una actitud pichicatera. Quizá sea una venganza por agravios sufridos hace seis años, pero es un mal signo para los mexicanos que quieren tener un sistema político que deje atrás los revanchismos y construya acuerdos para el bien del país.
Los diputados y senadores del PRD y del PT trataron de impedir físicamente que Felipe Calderón rindiera protesta el 1º de diciembre de 2006. Hoy varios grupos quieren repetir el intento, entre ellos los miembros del movimiento #Yosoy132, la CNTE, el SME y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Juntos han anunciado que establecerán un cerco humano alrededor del Palacio Legislativo. Es probable también que los legisladores del Movimiento Progresista busquen impedir físicamente la toma de protesta como lo hicieron en 2006.
Uno podría pensar que tras la experiencia de 2006, cuando el presidente electo tuvo que entrar al Palacio Legislativo por la puerta de atrás para rendir protesta entre gritos y empujones, los legisladores panistas tendrían el ánimo de hacer todo a su alcance para asegurar una adecuada ceremonia republicana en el próximo cambio de poderes. Pero no. Quizá algunos recuerdan que los priistas de 2006, si bien se presentaron en el Palacio Legislativo y permitieron el quórum, no ayudaron a los legisladores panistas en su lucha física contra los golpeadores.
La reforma política aprobada en abril por el Congreso, y que esta semana fue ratificada ya por el número necesario de congresos locales, cambia las reglas para la toma de protesta. Con anterioridad la ley señalaba que el presidente electo debía asumir el cargo en una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso. Esta regla hizo posible el chantaje del 1º de diciembre de 2006.
Próximamente, sin embargo, el artículo 87 de la Constitución señalará: "En caso de que el presidente no pudiere rendir protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia."
Aunque la nueva redacción impide el chantaje de la toma de protesta, es lamentable que nuestros políticos sigan empeñados en cobrarse rencillas infantiles. Por ningún lado vemos esa clase política madura y responsable que esté dispuesta a construir acuerdos para beneficio del país.
Uno puede entender que estos acuerdos no se logren si hay diferencias ideológicas profundas, como las que dividen a los miembros más radicales de la izquierda y la derecha en México o en cualquier otra nación. Sin embargo, la mayoría de los políticos mexicanos coinciden en las medidas fundamentales que deben tomarse para permitir un mayor crecimiento y para reducir la pobreza. La razón por la que no ha habido acuerdos políticos en los últimos años es porque los legisladores del PRI y del PAN, cuando han estado en la oposición, se han preocupado más por impedir reformas positivas que pudieran beneficiar políticamente al gobierno en funciones que por impulsar medidas que fortalezcan al país.
Por lo pronto es una mala señal que el PAN diga que está considerando si sus legisladores deben obedecer o no el mandato constitucional de presentarse en el Congreso el próximo 1º de diciembre. La política pichicatera del berrinche y la revancha sigue vigente en el país.
SORIANA
No sorprende que ya estén operando las dos tiendas Soriana en Iztapalapa cuyas operaciones fueron suspendidas el 3 y 4 de julio por el gobierno local. La medida era política y no tenía nada que ver con supuestas faltas de protección civil. Lo que asombra es que las autoridades hayan clasificado como "reservados" los expedientes del caso. Algo quieren ocultar.
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